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COMUNICADO| El Colegio de Médicos de Valencia rechaza el valenciano como requisito lingüístico para ejercer en la Comunidad Valenciana

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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) se opone completamente a la nueva norma que marcará el valenciano como requisito indispensable para ejercer la praxis médica en todo el territorio valenciano.

Desde el Colegio entendemos que es completamente inaceptable que el valenciano sea un requisito indispensable para poder trabajar en la Comunidad Valenciana porque, con esto, lo único que se va a conseguir es que los médicos se vayan fuera. Con la falta de profesionales que sufrimos, ¿de verdad creen que imponiendo el valenciano garantizan la salud de la población? ¿No debería primar el derecho a la salud por encima de todo? Podemos entender que el valenciano sea un mérito, pero nunca un requisito que impida el acceso a los puestos de trabajo.

La pandemia ha puesto sobre la mesa los problemas que sufre nuestro sistema sanitario, hemos visto como no hay suficientes facultativos médicos, no tenemos plan B. Por mucho que se necesite reforzar las plantillas si no hay médicos no se puede hacer nada. No dan las cifras. Entonces, ¿de verdad en medio de una pandemia mundial, donde el personal sanitario, como muchas otras profesiones, está trabajando sin descanso, es necesario cambiar la norma para imponer el valenciano? Se trata ya de una cuestión de prioridades, de decidir si queremos que la gente tenga acceso a la sanidad o de si los médicos tienen por obligación que hablar valenciano, aunque esto suponga el desplome del sistema sanitario, que ya cojea por sí solo, con valenciano y sin él.

El ICOMV lleva años advirtiendo del déficit que tiene el sistema sanitario en Valencia, mostrando como cada año se jubilan muchos más facultativos de los que empiezan su andadura profesional en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, desde las autoridades no se ha tomado ninguna medida para poner solución a esto, es más, año tras año vemos como el talento se va fuera y sí, se va porque aquí las condiciones no son buenas, no solo no se valora el trabajo del médico, sino que, además, seguimos viendo cómo se hacen contratos precarios y jornadas laborales interminables. Necesitamos más médicos, el talento hay que retenerlo, no podemos dejar que los profesionales se sigan yendo y este nuevo requisito no nos va a ayudar, la mano de obra sanitaria de calidad escasea.

No nos cansaremos de repetirlo, es momento de hacer un gran pacto político, dejando de lado las ideologías y todas las diferencias, para pensar de qué forma ayudar a la población valenciana, y más después de unos meses tan complicados en lo que lo único importante debería ser trabajar unidos para superar la pandemia mundial de la COVID-19.

La Junta de Gobierno del ICOMV

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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