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Valencia

Condenado a dos años y medio de prisión al exdirector de la CAM y a 9 meses el expresidente por el cobro de dietas

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ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) – La sección décima de la Audiencia de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión al expresidente de la CAM Modesto Crespo y a otros dos años y medio al exdirector de la caja alicantina Roberto López Abad, por un delito de apropiación indebida al aprobar en su día el consejo de administración 600.000 euros en dietas para que las cobrara Crespo en dos cuotas.

Crespo, que admitió los hechos en el juicio, deberá hacer frente a una multa de 9.000 euros mientras que López Abad, que se declaró incoente, a otra de 48.000 euros. Además, el expresidente de la CAM tiene que indemnizar al Banco Sabadell con 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Asimismo, se condena a un año y medio de prisión y a 210.000 euros de multa por apropiación indebida a cuatro encausados más, entre ellos el exvicepresidente de la CAM Antonio Gil-Terrón, según el fallo, dado a conocer este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que puede ser recurrido ante el Supremo.

No obstante, la sala absuelve a otros 15 encausados, entre los que se encuentran el también exvicepresidente Armando Sala o el empresario Jesús Navarro.

Los 19 exmiembros del Consejo de Administración fueron juzgados el pasado mes de mayo por aprobar dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En el juicio, que comenzó el 14 de mayo pasado, el expresidente de la CAM Modesto Crespo se declaró culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas. Por su parte, Roberto López Abad y al resto de los encausados se declararon inocentes.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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