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Conoce quiénes son los galadornados con los Premios Jaume I

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VALÈNCIA, 4 Jun. – El presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, ha anunciado este martes a los galardonados en la XXXI edición. En Investigación Básica, el galardonado ha sido Xavier Tolsa Domènech; en Economía, José García Montalvo; en Investigación Médica, Pura Muñoz Cánoves; en Protección del Medio Ambiente, José Antonio Sobrino; en la categoría de Nuevas Tecnologías ha sido premiado Aníbal Ollero y en la de Emprendedor, la galardonada ha sido Carlota Pi.

Así lo ha anunciado Quesada en el acto de anuncio de premiados que se ha celebrado este martes tras la deliberación de los jurados este lunes.

Xavier Tolsa Domènech es matemático y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona, y ha recibido el premio a la Investigación Básica por, entre otros, su trabajo en las áreas de análisis arónico y medida geométrica.

En la categoría de Economía, el profesor José García Montalvo ha sido premiado por su trabajo de investigación a partir de «datos muy valiosos obtenidos de fuentes no convencionales» en ámbitos como desempleo y el mercado crediticio.

Pura Muñóz Cánoves ha recibido el premio a la Investigación Médica, sobre todo por sus aportaciones a la investigación sobre el envejecimiento, particularmente por su investigación sobre los cambios progresivos en animales envejecidos.

El premio en la categoría de Protección del Medio Ambiente ha recaído en el profesor de la UV y director de su unidad de Cambio Global, José Antonio Sobrino, que ha realizado estudios sobre los cambios planetarios a nivel mundial y ha creado algoritmos para estimar la temperatura de la superficie de la tierra y los océanos.

En nuevas Tecnologías el premiado ha sido Aníbal Ollero, investigador de la Universidad de Sevilla, de la que lidera el área de robótica. Su trabajo se centra en métodos de localización de robots aéreos y localización de objetos en el interior de naves.

Por último, en la categoría de Emprendedor ha ganado otra mujer, Carlota Pi, una de las fundadoras de Holaluz que ha recibido el premio por su «gran visión y conocimiento» del negocio energético y su entrada en él con formas «disruptivas» que apuestan por las energías renovables y el autoconsumo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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