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Valencia

Los nuevos consellers juran su cargo en el Palau de la Generalitat

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reestructuración Consell

Los nuevos consellers del Gobierno valenciano, fruto de la remodelación acometida el pasado viernes por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la ruptura de Vox, han jurado sus cargos este martes en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat.

Al acto, presidido por Mazón y celebrado en el Salón de Corts, han asistido también los tres exconsellers de Vox: el exvicepresidente primero Vicente Barrera, la exconsellera de Justicia Elisa Núñez, y el exconseller de Agricultura José Luis Aguirre.

La secretaria del Consell, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha sido la encargada de leer el decreto del president con la nueva organización del Consell y los titulares que las ocupan, tras lo que se ha procedido al juramento.

La fórmula consiste en prometer o jurar «cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y mantener el secreto sobre las deliberaciones del Consell».

A continuación, la primera en jurar el cargo ha sido la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero -que hasta ahora era la vicepresidenta segunda y queda como única vicepresidenta-, a la que ha seguido la nueva consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que sustituye a Elisa Núñez (Vox).

Pradas asume esta cartera tras haber sido en el primer año de la legislatura consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Hace un año, cuando se constituyó el primer Consell de Mazón, fue la única que juró en valenciano.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, que tras la remodelación asume también las competencias de Cultura que tenía Vicente Barrera, ha jurado como conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

Le ha seguido el nuevo conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien sustituye a José Luis Aguirre (Vox), y posteriormente el nuevo titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Todos han jurado el cargo y han usado la fórmula en valenciano en el caso de Salomé Pradas y de Vicente Martínez, mientras que el resto lo han hecho en castellano.

De esta forma, el Gobierno valenciano monocolor del PP, formado por nueve personas, da sus primeros pasos, que continuarán esta mañana de maartes con el traspaso de carteras en las sedes de las distintas Consellerias que se han visto afectadas por esta remodelación del Consell.

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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