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Cotino aporta un informe a la causa de la visita del Papa que concluye que la FVEMF no era fundación pública

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VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de Les Corts Valencianes y exconseller del Gobierno valenciano con el PP, Juan Cotino, ha aportado este martes al Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006, un informe de un abogado del Estado en excedencia que concluye que esa entidad no era pública ni quedaba sujeta a las exigencias de la normativa de contratación pública vigente.

Así consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que sostiene una conclusión contraria a la alcanzada tanto por el perito judicial como al agente de la UDEF que se pronunciaron sobre la naturaleza jurídica de la FVEMF –determinaron su carácter público desde el mismo momento de su constitución–, y sobre los que considera que los argumentos esgrimidos carecen de la «más mínima consistencia jurídica».

Este documento aportado por Cotino sostiene que la FVEMF no fue una fundación del sector público estatal según la Ley 50/2002 de Fundaciones ni la 8/1998 de la Generalitat porque no se constituyó con aportaciones mayoritarias de la Administración General del Estado ni de la Generalitat ni su patrimonio fundacional con carácter de permanencia estuvo formado en más de un 50 por ciento por bienes o derecho cedidos o aportados por estas entidades. Por analogía, tampoco local.

Además, concluye que no puede sostenerse que la aportación excepcional realizada por la Generalitat a la FVEMF en 2010 y a la que se le dio la calificación de «dotación fundacional» en 2014 la convirtiera en una fundación del sector público porque esa aportación no tuvo vocación de permanencia. En esta línea, apunta que tampoco quedaba sujeta a las exigencias de la normativa de contratación pública ni sobre ella existía un control efectivo de la administración autonómica.

VOLUNTARIO CON JUAN PABLO II
Junto con el informe, Cotino, que ha prestado declaración como investigado, ha argumentado en su comparecencia que contactaron con él en 2003, siendo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, para colaborar en la organización de la visita de Benedicto XVI por su conocimiento de temas de seguridad, ya que, además, con anterioridad había sido director general de la Policía y concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia.

Asimismo, según han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, fue llamado por el Arzobispado por su «vínculo» con la Iglesia, puesto que ya había colaborado como voluntario en la visita del Papa Juan Pablo II a Valencia en 1983. En esta línea, ha indicado que participó en reuniones de voluntarios pero que, en ningún caso, tenía capacidad de decisión de contratación.

«ME ENCUENTRO PERFECTAMENTE»
A su llegada a la Ciudad de la Justicia, Cotino únicamente ha pedido a los periodistas que le dejaran acceder a las instalaciones judiciales: «Si ustedes dejan entrar puedo llegar ahora. Me encuentro perfectamente», se ha limitado a decir.

Cuando ha terminado, se ha detenido unos segundos ante los periodistas que le esperaban y ha señalado que ha contestado a la jueza que instruye el caso y a los abogados y ha entregado este documento pericial «sobre los temas que se están valorando». «Seguirá el tema adelante y cuando haya que volver a hablar, hablaremos», ha zanjado a este respecto.

Insistido sobre si se produjeron irregularidades en la contratación, ha reiterado que ya no tenía «nada más» que decir «en este momento».

Asimismo, preguntado por el caso Erial, en el que se encuentra investigado junto al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, entre otros, ha vuelto a negarse a hablar: «Cuando corresponda otra cosa, hablaremos de otra cosa. Yo les digo a ustedes que he venido aquí a contestar lo que me ha preguntado la juez y los abogados. Cuando corresponda otro tema, vendré a otro tema», ha repetido.

PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD
La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados del expresidente Francisco Camps y el resto de ex altos cargos.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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