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Sucesos

Cuatro investigados por estafa en internet en venta de casas prefabricadas

Publicado

hace 3 años

en

Un grupo criminal captaba menores en Valencia para abusar de ellos con drogas
Un furgón de la Guardia Civil. EFE/Santi Donaire/Archivo

València, 27 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas en las provincias de Alicante, León, Lérida y Pontevedra, por dos delitos de estafa en la venta de casas prefabricadas, llegando a detectar 8.600 euros obtenidos de forma ilícita a través de 6 cuentas bancarias.

La operación «Contame» comenzó en el mes de octubre tras unas denuncias interpuestas por las víctimas en las localidades valencianas de Chiva y Benaguacil, tras realizar compras de contenedores vivienda (casas prefabricadas) a través de plataformas web de segunda mano, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Estafa

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los estafadores utilizaban nomenclaturas similares a las empresas del sector para así poder inducir al engaño a sus víctimas.

Además, generaban anuncios ofreciendo un mismo producto en diversas provincias de España abarcando así más víctimas y por debajo del precio habitual como gancho.

Una vez habían captado el interés de los compradores, los autores llegaban a un acuerdo económico por el producto ofertado, para luego solicitarles nuevos ingresos en concepto de urgencia, debido a las especiales características del transporte, utilizando nuevamente logotipos y nomenclaturas similares a las de empresas de transporte.

Los agentes lograron detectar seis cuentas bancarias que eran utilizadas para la recepción del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita.

El dinero era detraído rápidamente mediante transferencias para su posterior extracción física a través de los cajeros automáticos.

Detención

La operación culminó con la investigación de tres hombres, con edades comprendidas entre los 51 y 60 años y una mujer de 46 años, todos ellos de nacionalidad española.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Llíria.

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Sucesos

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agresión sexual a una mujer con discapacidad

Publicado

hace 11 horas

en

11 septiembre, 2025

De

El Arzobispado de Valencia, responsable civil subsidiario si no se paga la indemnización de 7.000 euros

València, 11 de septiembre de 2025 (EUROPA PRESS) –
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual al sacristán de una iglesia de Bétera (Valencia), tras haber tocado las partes íntimas de una feligresa con un 66 % de discapacidad intelectual.

Hechos probados: tocamiento a una mujer con discapacidad dentro de la iglesia

Según la sentencia, los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2023, cuando el sacristán, aprovechando su posición en la parroquia, invitó a la víctima a un cuarto cercano a la sacristía con la excusa de mostrarle el funcionamiento de una campanilla. Una vez dentro, y siendo consciente de su discapacidad, le realizó tocamientos por encima de la ropa en sus partes íntimas.

La víctima quedó «bloqueada» sin poder reaccionar, hasta que logró reprocharle al agresor que lo que había hecho era «pecado», según recoge la resolución judicial.

Consecuencias penales y civiles: prisión, alejamiento e indemnización

El tribunal ha impuesto al condenado:

  • Dos años de prisión por agresión sexual.

  • Prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella durante tres años.

  • Indemnización de 7.000 euros a la víctima por daños morales.

En caso de impago de la indemnización, el Arzobispado de Valencia ha sido declarado responsable civil subsidiario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La sentencia es firme y fruto de un acuerdo de conformidad

La resolución judicial, que ya es firme, es resultado de una conformidad entre las partes. Además, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión siempre que el condenado no vuelva a delinquir en un plazo de tres años.

 

 

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