El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.