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De Imelsa a Divalterra: un ‘yonqui del dinero’, gin-tonics y contratos bajo sospecha
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –
La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.
Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PPCV confesadas por el exgerente Marcos Benavent –el autodenominado ‘yonqui del dinero’– hasta la detención hoy del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro exgerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.
El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
«DOS MILLONES DE PELAS»
Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que este siempre ha negado. En concreto, se oye como supuestamente dice: «Uno, dos, 2.000, 3.000… y 12.000 euros. Dos millones de pelas».
Una de las ramas de esta causa es el caso Taula, por el que están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del ‘pitufeo’, el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los ‘populares’.
Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue «indignante», ya que fue ella quien denunció los hechos. «Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan», señaló cuando fue llamada a declarar por la Guardia Civil.
Ya en 2015, con el cambio político en las instituciones valencianas, un gobierno cuatripartito –integrado por PSPV, Compromís, València en Comú y EU– llega a la Diputación de Valencia. Unos meses después, en 2016, la empresa pública anuncia el cambio de nombre e imagen para dejar de ser Imelsa y convertirse en Divalterra.
«DÉFICIT DE REPUTACIÓN»
El objetivo, según se explicó entonces, era superar el «gran déficit de reputación corporativa» de Imelsa, cuya gestión investiga la justicia, y «comenzar una nueva etapa» en la que buscaba convertirse en «un referente de gestión pública eficiente».
Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel cambio fue anunciado por los que eran gerentes de la entidad: el socialista Víctor Sahuquillo (PSPV), que acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas; y Agustina Brines, de Compromís, una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la ‘operación Alquería’.
La historia ‘negra’ de esta empresa pública ha vivido hoy un nuevo acto con ‘Alquería’, la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de València y en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de la localidad de Ontinyent y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además de Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego.
Publicado
hace 14 horasen
13 enero, 2026
Dos extrabajadoras del servicio doméstico de las mansiones de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales, acoso y abuso de poder durante el tiempo en que trabajaron para él en régimen interno. Los hechos denunciados se habrían producido en 2021, cuando ambas mujeres prestaban servicio en residencias del artista situadas en República Dominicana y Bahamas, según una investigación periodística publicada recientemente.
Una de las denunciantes tenía 22 años en el momento de los presuntos hechos. Ambas relatan un entorno laboral que describen como controlador, intimidatorio y humillante, que, según sus testimonios, derivó en episodios de carácter sexual no consentido. Los relatos incluyen tocamientos, vejaciones físicas y verbales y presiones para mantener relaciones sexuales, siempre según la investigación periodística.
Una de las extrabajadoras asegura que fue coaccionada para participar en encuentros sexuales en los que habría sufrido humillaciones y prácticas no consentidas. La segunda mujer, que trabajaba como fisioterapeuta, coincide en describir un clima de abuso continuado, afirmando que estos episodios se producían durante la jornada laboral y, en algunos casos, con la presencia o mediación de otra trabajadora de rango superior.
La investigación se ha prolongado durante tres años e incluye testimonios adicionales y documentación recopilada por los periodistas responsables. Hasta el momento, no consta la existencia de un procedimiento judicial abierto, ni respuesta pública del artista a las acusaciones.
El caso se enmarca en un contexto social más amplio de revisión crítica de figuras públicas a raíz de denuncias por presuntos abusos sexuales, en línea con el movimiento ‘MeToo’, y reabre el debate entre la presunción de inocencia y la necesidad de dar voz a las víctimas.
Las acusaciones afectan a uno de los nombres más relevantes de la cultura popular española e internacional. Julio Iglesias ha sido durante décadas el artista español más reconocido fuera de España, con una imagen pública construida en torno al éxito, la seducción y el carisma masculino.
Este nuevo escenario sitúa su figura bajo una mirada distinta, en la que su legado artístico convive con informaciones que cuestionan aspectos de su comportamiento en el ámbito privado.
Julio Iglesias nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, por lo que tiene 82 años en la actualidad. Hijo del prestigioso ginecólogo Julio Iglesias Puga, creció en una familia acomodada y tuvo una juventud marcada por el deporte.
Antes de dedicarse a la música fue portero del Real Madrid Castilla, hasta que un grave accidente de tráfico en 1963 truncó su carrera futbolística. Durante la larga recuperación comenzó a tocar la guitarra, un aprendizaje que acabaría cambiando el rumbo de su vida.
Estudió Derecho, carrera que llegó a finalizar, aunque nunca ejerció profesionalmente como abogado.
Su salto a la fama llegó en 1968, tras ganar el Festival de Benidorm, inicio de una trayectoria que lo convertiría en una estrella internacional. A lo largo de más de cinco décadas ha publicado más de 80 discos, cantado en más de 14 idiomas y vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.
Su éxito fue especialmente intenso en América Latina, Europa y Estados Unidos, donde logró algo poco habitual para un artista español: consolidarse en el mercado anglosajón. Durante los años 80 y 90 fue uno de los cantantes más influyentes del panorama musical global.
La vida privada de Julio Iglesias ha sido objeto de atención constante por parte de la prensa. Estuvo casado con Isabel Preysler entre 1971 y 1979, una relación que marcó la crónica social española durante la Transición.
Posteriormente inició una relación con Miranda Rijnsburger, exmodelo neerlandesa, con quien convivió durante más de dos décadas antes de contraer matrimonio en 2010. Con ella ha formado su familia más numerosa.
Durante años, Iglesias ha residido principalmente fuera de España, especialmente en Miami, República Dominicana y Bahamas, donde estableció varias propiedades y desarrolló su vida privada lejos del foco mediático español.
Julio Iglesias es padre de ocho hijos reconocidos públicamente, fruto de dos relaciones:
Con Isabel Preysler:
Chábeli Iglesias
Julio José Iglesias Jr.
Enrique Iglesias, cantante de éxito internacional
Con Miranda Rijnsburger:
Miguel Alejandro
Rodrigo
Victoria
Cristina
Guillermo
Además, la justicia española reconoció mediante sentencia firme la paternidad de Javier Sánchez, aunque el cantante nunca ha mantenido relación pública con él.
En los últimos años, Julio Iglesias ha reducido notablemente su presencia pública. Él mismo ha reconocido problemas de salud derivados del accidente sufrido en su juventud, que le provocó secuelas físicas permanentes.
Aunque nunca ha anunciado oficialmente su retirada, su actividad musical es hoy muy limitada, y su figura ha pasado a ocupar un lugar más histórico que activo dentro de la industria musical.
Las acusaciones conocidas en los últimos días sitúan a Julio Iglesias en un nuevo escenario mediático, en el que su legado musical y su papel como icono cultural conviven con informaciones que cuestionan su conducta privada.
Mientras la investigación periodística continúa su recorrido y a la espera de posibles acciones judiciales o pronunciamientos oficiales, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate social sobre responsabilidad, poder y memoria colectiva cuando se trata de figuras que han marcado generaciones enteras.
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