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De una «UME» valenciana a consultas abiertas por las tardes: estas son las medidas que propone Ximo Puig para combatir la pandemia

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy en Les Corts durante el Debate de Política General una batería de medidas sanitarias, sociales y económica para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.

Desde el punto de vista sanitario, el punto más destacado es la apertura por las tardes de las consultas de los centros de atención primaria. Además, la Generalitat se compromete a prorrogar 6 meses todos los contratos realizados durante la pandemia para reforzar las plantillas sanitarias.

Puig también ha avanzado que, antes de que acabe el año, el personal la sanidad pública y los trabajadores sociosanitarios de las residencias recibirán una paga extra como «símbolo de reconocimiento a quienes se están dejando la piel».

Además, el president propone la refundación de la sanidad valenciana a través de la creación de un nuevo Servei Valencià de Salut y el reforzamiento de la Atención Primaria con el nombramiento de una Comisionada para su transformación de la Atención Primaria.

Por último, se invertirán casi 900 millones de euros en la de construcción, ampliación y reforma de centros sanitarios de atención primaria y hospitales.

Otro de los grandes anuncios de Puig ha sido el de la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), una especie de UME no militarizada valenciana, que estaría formada por alrededor de un millar de miembros «con capacidad técnica y logística» para poder actuar en caso de catástrofe como la Dana o la pandemia.

Desde el punto de vista económico, el jefe del Consell ha avanzado las lineas maestras de la Estrategia Valenciana para la Recuperación, que consiste en más de 400 proyectos, con una inversión de 21.134 millones de euros, para el periodo 2021-2027.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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