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Valencia

El Consell denuncia ante Fiscalía una posible donación ilegal de la directora del IVAM

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Imagen de archivo de la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Nuria Enguita, durante una entrevista con EFE. EFE/Ana Escobar

València, 20 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Gobierno valenciano ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia la posible comisión de un delito penal por parte de la directora del IVAM, Nuria Enguita, al haber conocido que pudo haber realizado una donación «pura» o retributiva en favor de uno de los miembros del tribunal que la nombró en 2020.

El escrito de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Cultura que dirige Vicente Barrera (Vox), al que ha tenido acceso EFE, señala que se ha tomado la decisión de presentar esta denuncia tras las informaciones que, desde el domingo, han ido detallando las posibles irregularidades que habría cometido Enguita con esa donación a favor del crítico y experto en arte Vicente Todolí.

Se señala en la denuncia que los hechos presuntamente se habrían producido en diciembre de 2020 con la posible donación realizada por Enguita a favor del citado miembro de la Comisión de Valoración, y que «de los diferentes artículos publicados podría desprenderse que la aspirante seleccionada habría realizado una donación ‘pura’ a favor» de Todolí, «no modal o condicionada, por lo que podría tratarse de una donación retributiva».

En las informaciones que han publicado medios como El Español, ABC y El Mundo se asegura que la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno -nombrada durante la época de gobierno del Botànic y única aspirante al cargo- habría donado, en 2022, dos fincas a Todolí en un municipio de la Comunitat Valenciana.

Enguita remitió un comunicado este lunes a varios medios donde denunciaba ser víctima de una «campaña difamatoria» contra ella «sobre un tema estrictamente privado» y afirmaba que tal donación se llevó a cabo a la Todolí Citrus Fundació de la Comunitat Valenciana, «una fundación sin ánimo de lucro de defensa del medio ambiente y sociocultural que incluye la investigación, divulgación y defensa del cultivo de cítricos tradicionales de la Comunidad Valenciana, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat».

«La donación formó parte de una campaña de crowdfunding o micromecenazgo en la que participamos más de 25 personas», señalaba Enguita, quien citaba entre ellos a Juan Uslé, Carmen Calvo y Cristina Iglesias.

Sin embargo, ahora la Vicepresidencia Primera del Consell, «analizados los presuntos hechos de los que se ha tenido conocimiento por los diferentes medios de comunicación, considera que los mismos podrían considerarse como indiciarios de un posible ilícito penal».

El IVAM, precisamente, acaba de inaugurar una ambiciosa exposición para celebrar su trigésimo quinto aniversario y de la que Enguita es comisaria junto a la directora adjunta del museo, Sonia Martínez, y hace un año su nombre sonó entre la baraja de candidatos a dirigir el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.

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Valencia

Pradas y Cuenca llegan al juzgado de Catarroja para un careo entre gritos de “asesina” y “mentiroso”

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La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el exjefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, han comparecido este lunes en los juzgados de Catarroja (Valencia) para enfrentarse a un careo judicial clave en la investigación sobre la gestión de la dana que azotó la Comunitat Valenciana.

La llegada de ambos ha estado marcada por un fuerte clima de tensión. A las puertas del juzgado, decenas de víctimas de la riada los esperaban entre gritos de “asesina”, “mentiroso”, “sinvergüenza” y “golfo”, reflejando el malestar social que rodea la causa.


⚖️ Un careo clave por las comunicaciones del día de la dana

El primero en llegar ha sido José Manuel Cuenca, a las 9:08 horas, recibiendo insultos por parte de los concentrados. Minutos después, sobre las 9:15 horas, ha hecho su entrada Salomé Pradas, también increpada por los manifestantes. Ninguno de los dos ha realizado declaraciones a los medios de comunicación presentes.

El careo ha sido acordado por la jueza instructora que investiga la gestión de la riada, tras la petición de la acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià.


📱 Mensajes de WhatsApp y versiones contradictorias

La magistrada decidió autorizar este careo a mediados de diciembre, tras analizar varios elementos clave del procedimiento. Entre ellos, un acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que recoge una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados con Cuenca el día de la dana.

A ello se suma la segunda declaración como testigo de José Manuel Cuenca, en la que aseguró que dichos mensajes estaban “descontextualizados”, ofreciendo una interpretación “claramente distinta” a la defendida por la exconsellera.

También han pesado las manifestaciones públicas de Salomé Pradas sobre si debía o no contactar con el entonces presidente Carlos Mazón durante la emergencia.


🏛️ La jueza cuestiona la coherencia de las declaraciones

En su auto, la jueza subraya que el careo es un medio probatorio de carácter excepcional, pero considera imprescindible su celebración ante la falta de coherencia entre las distintas versiones ofrecidas por la investigada.

La magistrada señala que la versión de Pradas no puede construirse como una “amalgama” entre su declaración judicial —en la que solo respondió a preguntas de su abogado—, declaraciones públicas sin asistencia letrada y su comparecencia en una comisión de investigación, donde llegó a oscilar entre declarar o no, pese a haberse acogido inicialmente a su derecho a guardar silencio.


🔍 Objetivo: aclarar aspectos esenciales de la investigación

Según la jueza, resulta fundamental dilucidar la coherencia y compatibilidad de las manifestaciones de Pradas con las pruebas aportadas al proceso. Por ello, considera que el careo es el instrumento adecuado para contrastar directamente su versión con la de Cuenca en aspectos considerados absolutamente esenciales para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación continúa mientras crece la presión social y judicial en torno a una de las causas más sensibles derivadas de la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana.

 

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