La Federació d’Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha asegurado que un integrante de un tribunal de las recientes oposiciones docentes celebradas en la Comunitat Valenciana ha tenido «actitudes transfóbicas» hacia un candidato durante el proceso de selección, por lo que el sindicato pedirá una reunión con la Dirección General de Personal y «no descarta emprender acciones legales por discriminación de trato por razón de identidad de género».
Según han detallado a Europa Press fuentes del sindicato, el afectado es un hombre trans que se concurría a las oposiciones. En la primera prueba, fue llamado con su nombre antiguo de mujer, que es el que todavía figura en su DNI al no haber transcurrido el tiempo que marca la ley para solicitar el cambio. El aspirante explicó al tribunal su situación y especificó claramente el nombre con el que quería que se dirigieran a él.
Sin embargo, cuando fue requerido para la segunda prueba el presidente del tribunal insistió en referirse a él con su antiguo nombre y, además, en vez de ser llamado anteponiendo los apellidos –como el resto de candidatos– se le nombró poniendo en primer lugar y «recalcando» el nombre de pila que ya no corresponde a su actual identidad de género.
Además, este miembro del tribunal llegó a decir que no tenía muy claro que se pudiera presentar y a pedirle un informe de su endocrino que acreditara que se está hormonando. Ante el revuelo provocado, desde la comisión asesora se informó al tribunal de que esta persona no tenía por qué aportar dicho informe.
El afectado lamenta que todas estas circunstancias le afectaron emocionalmente y, de hecho, no superó la tercera prueba.
PROTOCOLO DE TRATO CORRECTO
Para CCOO PV, se trata de una actitud «inadmisible e intolerable» e instan a la Conselleria de Educación «a dar respuesta». Desde la federación, proponen que para las oposiciones previstas para el año que viene se elabore «un protocolo de trato correcto y respetuoso hacia las persones opositoras» y se forme a los tribunales, ya que «el proceso de reafirmación de género no impide, de ninguna forma, el transcurso de la vida cotidiana».
En esta línea, defienden que «el proceso de reafirmación, en la vertiente administrativa, no puede ser causa para impedir, obstaculizar o discriminar y, si sucede, hay que actuar con contundencia para que no le pase nunca más a nadie».
Fuente: Europa Press
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