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Valencia

Denuncian que un chico autista fue expulsado de un autobús de València

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València, 19 mar (EFE).- La Plataforma Defensa TEA ha denunciado el trato recibido por un hombre de 36 años, enfermo de autismo y con una incapacidad intelectual del 67 % al que, según su versión, varios agentes de la Policía Local de València obligaron a bajar del autobús a petición del conductor, molesto por los movimientos repetitivos y sonidos que emitía.

Fuentes de la Policía Local de València han informado a EFE de que está recabando información sobre los hechos tras conocerlos a través de los medios de comunicación que se han hecho eco de esa denuncia, presentada ante la Policía Nacional además de una queja ante la EMT.

La plataforma informa de que los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo, en los alrededores de la avenida del Cid, cuando el hombre viajaba en el autobús de la línea 93 de la EMT y al parecer a algún pasajero le molestó sus estereotipias (movimientos repetitivos y sonidos que emite de forma involuntaria) y se lo comunicó al conductor.

Este le mandó callar y le amenazó con expulsarlo del autobús, y a los pocos minutos se presentaron dos agentes de la Policía Local que le obligaron a bajar del vehículo, según el relato de la familia que ha recogido la plataforma.

Una vez en la calle, añade, los agentes le cachearon y le interrogaron, para después «abandonarlo a su suerte» en un sitio desconocido.

El hombre se quedó en la calle «muy nervioso y confundido» por todo lo ocurrido, aunque consiguió llegar a su vivienda.

La familia asegura asimismo que este incidente «le ha acarreado graves trastornos» (especialmente de sueño y comportamiento) y se han visto obligados a subir la dosis de medicación, y desde ese día no se atreve a salir solo de casa.

La plataforma informa de que el hombre tiene autismo y una discapacidad intelectual del 67 %, y que la familia ha manifestado no entender «como ni los agentes ni el conductor se percataron de dicha circunstancia».

«Lo ocurrido es un ejemplo más del desconocimiento que hay en la sociedad sobre el autismo y otros trastornos mentales, y por tanto la falta de empatía y habilidades para comprender y ayudar a este colectivo», lamenta.

La plataforma ha informado de que los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional y se ha presentado también una queja ante la EMT, y ha recordado que los cuerpos y fuerzas de seguridad «están obligados a conocer y utilizar protocolos específicos para tratar a personas diagnosticadas con TEA», por lo que confía en que se abra una investigación sobre los hechos.

Valencia

El Consell anuncia un Plan de 50 millones para la defensa del litoral valenciano

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EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 22 abr (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por un puerto de València más sostenible y abierto a la ciudad y ha mostrado la voluntad de poner en marcha un plan «extraordinario de defensa del litoral y adaptación al cambio climático».

Durante la sesión de control en el pleno de Les Corts, Puig ha asegurado que este plan contará con un mínimo de 50 millones de euros, 15 de ellos aportados por el puerto de València.

Puig ha respondido a una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre si es compatible «la macroexpansión» del puerto con la situación de emergencia climática decretada por el Consell en 2019, la protección del entorno y la salud de los valencianos.

El president ha defendido que el puerto de València es «un motor imprescindible para la economía y el empleo» de la Comunitat pero ha considerado necesario que éste sea «más sostenible y abierto a la ciudad».

Así, ha señalado que es necesario exigir al Ministerio de Transición Ecológica y al puerto una actuación «fundamental y rápida» para la protección de las playa del sur, que sufren «un proceso de erosión desde hace tiempo».

En este sentido, ha dicho que quieren poner en marcha un plan «extraordinario de defensa del litoral y adaptación al cambio climático, con un mínimo de 50 millones, 15 de ellos aportados por el puerto».

También ha defendido que deben ser los servicios jurídicos del Estado y no los políticos los que avalen la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación, y ha abogado por integrar la ciudad y el área metropolitana y por avanzar en el Corredor Mediterráneo.

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