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Valencia

Desahucian a una familia con un hijo de 7 años con parálisis cerebral

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Una familia con un hijo de siete años con parálisis cerebral ha sido desahuciada de su vivienda en el Pasaje Artesanía número 4, en Alicante. A pesar de contar con un informe de vulnerabilidad y de no disponer de una alternativa habitacional, el desalojo se llevó a cabo. Decenas de vecinos y miembros del Sindicat de Barri de Carolines intentaron frenar el desalojo sin éxito. Tras el desalojo, decidieron acampar frente a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante.

Situación de Extrema Vulnerabilidad

La familia afectada se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con ingresos limitados y un hijo que padece parálisis cerebral infantil con epilepsia. Esta condición le provoca un 95% de discapacidad y le obliga a utilizar una silla de ruedas. El menor asiste al Centro de Educación Especial el Santo Ángel de la Guarda en Alicante.

Respuesta Insuficiente de la Concejalía de Bienestar Social

Daniel Martínez, miembro del Sindicat de Barri de Carolines, explicó a Europa Press que, tras una reunión con la edil Begoña León, la Concejalía de Bienestar Social ofreció una solución temporal consistente en una noche de albergue y un piso compartido durante un mes a partir de este jueves. Martínez criticó que esta respuesta se debe a la presión ejercida por las personas movilizadas y calificó la solución de «manera de lavarse las manos», señalando que no se ajusta a las necesidades de la familia.

Denuncia de Abandono Sistemático

Martínez denunció un «abandono sistemático» por parte de las instituciones, destacando el aumento de desahucios y las crecientes trabas burocráticas para obtener un informe de vulnerabilidad o el reconocimiento de esta por parte de los Servicios Sociales. También subrayó que las instituciones «están llegando tarde» en su respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad.

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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