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Valencia

Desalojadas doce familias en la Creu Coberta

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València, 16 sep (EFE).- El sindicato de barrio Construyendo Malilla ha denunciado el desalojo de unas doce familias en la zona de la Creu Coberta de València y ha explicado que, a su juicio, estos desalojos no obedecen al riesgo de derrumbe en las viviendas desalojadas, como ha informado la Policía Local a las familias afectadas, sino a la especulación inmobiliaria.

Decenas de personas vinculadas a la citada asociación se han manifestado a primera hora de la mañana de este jueves frente a las casas desalojadas, con el argumento de que los desahucios están relacionados con el proyecto del Parque Central y las construcciones asociadas al mismo.

El desalojo de los vecinos de los números 9 y 11 de la calle Manuel Arnau estaba pendiente desde el pasado mes de junio, cuando la Policía informó a los vecinos del riesgo de derrumbe. Construyendo Malilla reclamó entonces un alquiler social para estas personas y mantuvo reuniones con responsables municipales.

«Tuvimos reuniones con el Ayuntamiento, se pusieron la medalla en redes sociales, pero solo han conseguido un alquiler social para una de las familias, un alquiler que, en realidad, es responsabilidad de la Generalitat», ha explicado a Efe Joanna Giménez, portavoz del sindicato de barrio.

«Esta mañana hemos llegado a las siete pero ya había allí muchos coches de Policía, Local y Nacional. Llevaban asediando las casas desde hace dos días, los vecinos necesitaban permiso policial para entrar y salir de su portal. Nos hemos encontrado vallas del Ayuntamiento enfrente a las casas y las entradas a la calle cerradas por coches policiales«, ha señalado Giménez.

«Hemos celebrado una manifestación pacífica, pero la Policía nos ha identificado y nos ha mantenido retenidos en un círculo cerrado por ellos -según la portavoz-. Los vecinos, entre los cuales hay dos adolescentes según tengo entendido, han sido desalojado a las seis de la mañana».

El sindicato de barrio Construyendo Malilla defiende que las familias afectadas, que integran a unas cincuenta personas, necesitan alquileres sociales y no solo ayudas de manutención, porque su nivel de exclusión y precariedad es muy grave.

Según esta asociación, el 9 % del proyecto del Parque Central pertenece a una empresa constructora, propietaria de las viviendas afectadas por el desalojo de este jueves.

Construyendo Malilla denuncia que al Ayuntamiento le interesa más ese proyecto que la vida de las personas a las que debe proteger. La asociación admite que las casas afectadas por este desalojo no están en buen estado, pero niega que haya peligro de hundimiento inminente que justifique el desahucio por derribo que se ha acometido esta mañana.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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