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Valencia

Desalojadas doce familias en la Creu Coberta

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València, 16 sep (EFE).- El sindicato de barrio Construyendo Malilla ha denunciado el desalojo de unas doce familias en la zona de la Creu Coberta de València y ha explicado que, a su juicio, estos desalojos no obedecen al riesgo de derrumbe en las viviendas desalojadas, como ha informado la Policía Local a las familias afectadas, sino a la especulación inmobiliaria.

Decenas de personas vinculadas a la citada asociación se han manifestado a primera hora de la mañana de este jueves frente a las casas desalojadas, con el argumento de que los desahucios están relacionados con el proyecto del Parque Central y las construcciones asociadas al mismo.

El desalojo de los vecinos de los números 9 y 11 de la calle Manuel Arnau estaba pendiente desde el pasado mes de junio, cuando la Policía informó a los vecinos del riesgo de derrumbe. Construyendo Malilla reclamó entonces un alquiler social para estas personas y mantuvo reuniones con responsables municipales.

«Tuvimos reuniones con el Ayuntamiento, se pusieron la medalla en redes sociales, pero solo han conseguido un alquiler social para una de las familias, un alquiler que, en realidad, es responsabilidad de la Generalitat», ha explicado a Efe Joanna Giménez, portavoz del sindicato de barrio.

«Esta mañana hemos llegado a las siete pero ya había allí muchos coches de Policía, Local y Nacional. Llevaban asediando las casas desde hace dos días, los vecinos necesitaban permiso policial para entrar y salir de su portal. Nos hemos encontrado vallas del Ayuntamiento enfrente a las casas y las entradas a la calle cerradas por coches policiales«, ha señalado Giménez.

«Hemos celebrado una manifestación pacífica, pero la Policía nos ha identificado y nos ha mantenido retenidos en un círculo cerrado por ellos -según la portavoz-. Los vecinos, entre los cuales hay dos adolescentes según tengo entendido, han sido desalojado a las seis de la mañana».

El sindicato de barrio Construyendo Malilla defiende que las familias afectadas, que integran a unas cincuenta personas, necesitan alquileres sociales y no solo ayudas de manutención, porque su nivel de exclusión y precariedad es muy grave.

Según esta asociación, el 9 % del proyecto del Parque Central pertenece a una empresa constructora, propietaria de las viviendas afectadas por el desalojo de este jueves.

Construyendo Malilla denuncia que al Ayuntamiento le interesa más ese proyecto que la vida de las personas a las que debe proteger. La asociación admite que las casas afectadas por este desalojo no están en buen estado, pero niega que haya peligro de hundimiento inminente que justifique el desahucio por derribo que se ha acometido esta mañana.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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