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Sucesos

Localizada la menor desaparecida en la Pobla de Vallbona

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Desaparecida en la Pobla de Vallbona
Menor desaparecida en La Pobla de Vallbona

La menor desaparecida desde el pasado 9 de abril en La Pobla de Vallbona ha sido localizada. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha desactivado la alerta para buscar a Lucía R. G. una joven de 15 años.

 

Junto a Lucía también se ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a dos jóvenes más desaparecidos en La Pobla de Vallbona.

Tipos de desapariciones

Desaparición Voluntaria

Tal y como informa SOS Desaparecidos Las desapariciones voluntarias se definen como aquéllas que tienen lugar, tal y como su nombre indica, de forma voluntaria. Es decir, la persona que desaparece lo hace sin ningún tipo de condicionante externo que le obligue a tomar esta decisión, y cuya voluntad es no ser hallada o no facilitar información sobre su vida privada, domicilio, u cualquier dato que afecte a su vida personal y del ámbito de la intimidad a los familiares o personas con derecho a conocer sobre su situación o derecho a localizarla.

La motivación y causa de justificación de esta decisión discrecional y facultativa puede venir dada por muy diversas razones, como son las de carácter familiar, personal, sentimental, laboral, económicas u otras muchas.

Las desapariciones voluntarias se pueden, a la vez, subdividir en diferentes grupos, como son:

-Fugas de personas menores de edad.

-Fugas de personas menores de edad de los centros de protección (en este apartado estaría incluida la categoría de los menores emigrantes no acompañados (MENAS)

-Desapariciones intencionadas de personas mayores de edad, y con plena capacidad jurídica y de obrar.

Desaparición Involuntaria

Se catalogan como desapariciones involuntarias aquéllas en las que la persona desaparece por causas externas y ajenas a su voluntad, siempre y cuando dichos motivos no tengan su origen ni estén basados en hechos que revistan indicios racionales de criminalidad. En este apartado, se pueden circunscribir las desapariciones de personas, tanto mayores como menores de edad, que tengan su razón de ser en alguna de las siguientes causas:

Sin Causa Aparente. Se comprenden en este apartado las desapariciones que no puede englobarse en ninguno de los demás apartados establecidos. Por lo tanto, se incluirían aquellos casos en los que la persona desaparece y se ausenta de su residencia habitual y se ignora su paradero, no existiendo ningún motivo aparente o conocido para que tal hecho se produzca.

De esta forma, la búsqueda de la persona desaparecida viene generada por razones de su propia seguridad o ante la demanda de los familiares o personas allegadas, y por interés social.
A posteriori dicha desaparición puede ser calificada como voluntaria, involuntaria de otra naturaleza, o incluso forzosa.

-Personas con deterioros cognitivos, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, personas con discapacidad, etc.

– Accidentes.

-Catástrofes provocadas por causas naturales o derivadas de la acción-humana (carácter accidental o intencionado).

Desaparición Forzosa

En esta categoría, las desapariciones forzosas, se incluirían aquéllas que están basadas en un hecho delictivo o una actividad criminal, y que afectan tanto a personas menores como mayores de edad Al igual que en las tipologías anteriores, ésta se segmenta en diferentes subgrupos, siendo los siguientes:

-Desapariciones de personas fundadas en un entorno o ámbito delictivo.

-Sustracción parental de menores de edad (nacional e internacional).

-Echados/Expulsados del hogar (menores y personas discapacitadas)

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Detenidos dos abogados y un notario muy conocido en València por expoliar el patrimonio de una anciana con alzhéimer

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados y un notario, acusados de expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. La operación también se ha saldado con el arresto de la cuidadora de la anciana y del comprador de los inmuebles, con un beneficio ilícito estimado en unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.


Ventas irregulares y patrimonio enajenado

La investigación se inició en junio de 2025, tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, que alertó de la dificultad creciente para contactar con la anciana y mantener encuentros presenciales. Ante la sospecha, los familiares consultaron el Registro de la Propiedad y comprobaron que todos los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un breve periodo de tiempo.

Las pesquisas revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados, que actuaban simultáneamente como letrados del comprador, lo que dejó a la vendedora en una situación de total indefensión. Las ventas se cerraron por importes muy inferiores al valor real de mercado.


El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las transacciones se formalizaron ante el mismo notario, encargado de dar validez legal a las operaciones. Incluso en la venta del piso donde residía la afectada, transmitido en régimen de nuda propiedad, se impusieron condiciones especialmente gravosas, que incluían la posible pérdida del usufructo.

Los investigadores también constataron que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir el usufructo de la vivienda, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía allí, cuando en realidad era su domicilio habitual.

Por su parte, la cuidadora, considerada una figura de gran influencia sobre la anciana, fue incluida en el testamento y era la encargada de extraer dinero de las cuentas bancarias de la víctima.


Beneficio económico y delitos investigados

Como consecuencia de todas estas actuaciones, los implicados habrían obtenido un beneficio económico cercano a los 785.000 euros. Durante una hospitalización de la mujer, los agentes llegaron a detectar presencia de sustancias tóxicas en su organismo, un extremo que agravó las sospechas sobre su entorno más cercano.

Los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales y todos han pasado a disposición judicial.

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