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Destituyen al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa por vacunarse

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El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. EFE/Kiko Huesca

El Ministerio del Interior ha destituido al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) tras vacunarse de forma indebida, han informado a Efe fuentes de ese departamento.

Esta es la primera destitución en relación con el caso de las vacunaciones de varios jefes del EMAD, incluido su máximo responsable, el general Miguel Ángel Villarroya, además de los generales Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones, y Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto,.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó ayer que ha solicitado a Villarroya un informe que debía llegarle también ayer. «En función a lo que diga el informe, veremos», comentó la ministra acerca de la posición que adoptaría.

Interior se ha adelantado en tomar una decisión en lo que afecta a su oficial, cuyo cese, según han señalado las citadas fuentes del Ministerio, se ha acordado «tras tener conocimiento de que el oficial de enlace de la Guardia Civil destinado en el Estado Mayor de la Defensa había participado en la vacunación en esa institución»

Esta medida fue adoptada anoche, «con carácter inmediato» y se hizo «tras recabar y analizar todos los informes pertinentes», según han indicado, al tiempo que han precisado que se trata de un puesto de libre designación.

El portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, pidió ayer el cese de Villarroya, si bien, según fuentes del EMAD, la vacunación ha seguido el protocolo que se aplica a las Fuerzas Armadas, distinto al civil y que viene establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Según dicho protocolo, han precisado las fuentes, al JEMAD y otros generales les correspondía la vacuna, por edad, una vez se había administrado a los sanitarios y a todos los militares que se iban a ir a una misión, tanto en el extranjero como en territorio nacional.

La vacuna, señala el EMAD, se le ha inyectado también a militares y civiles implicados en la planificación, dirección y coordinación de las operaciones de otros escalafones, también de la tropa.

La Asociación Unificada de Militares (AUME) ha pedido al Ministerio que explique por qué se han «colado» mandos del Ejército en la vacunación y ha expresado su «malestar» e «indignación» por estos hechos.

Aume exige que se asuman responsabilidades por parte de aquellos que «no solo deben dar ejemplo», sino también cumplir con lo establecido por las autoridades sanitarias.

La vacunación de los militares se ha unido a la polémica esta semana por las dosis administradas, saltándose los protocolos, a alcaldes, concejales y consejeros, tanto del PSOE como del PP, en municipios de Alicante, Huelva y Murcia, así como en el Gobierno de esta última comunidad y de Ceuta.

A la lista se sumaron este viernes los alcaldes de las localidades zaragozanas de Luesia y Asín, Jaime Lacosta (PP) y Rogelio Garcés (PSOE), así como el alcalde socialista del municipio vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz, junto con otros ediles y el cura del pueblo.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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