Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

Destituyen al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa por vacunarse

Publicado

en

El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. EFE/Kiko Huesca

El Ministerio del Interior ha destituido al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) tras vacunarse de forma indebida, han informado a Efe fuentes de ese departamento.

Esta es la primera destitución en relación con el caso de las vacunaciones de varios jefes del EMAD, incluido su máximo responsable, el general Miguel Ángel Villarroya, además de los generales Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones, y Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto,.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó ayer que ha solicitado a Villarroya un informe que debía llegarle también ayer. «En función a lo que diga el informe, veremos», comentó la ministra acerca de la posición que adoptaría.

Interior se ha adelantado en tomar una decisión en lo que afecta a su oficial, cuyo cese, según han señalado las citadas fuentes del Ministerio, se ha acordado «tras tener conocimiento de que el oficial de enlace de la Guardia Civil destinado en el Estado Mayor de la Defensa había participado en la vacunación en esa institución»

Esta medida fue adoptada anoche, «con carácter inmediato» y se hizo «tras recabar y analizar todos los informes pertinentes», según han indicado, al tiempo que han precisado que se trata de un puesto de libre designación.

El portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, pidió ayer el cese de Villarroya, si bien, según fuentes del EMAD, la vacunación ha seguido el protocolo que se aplica a las Fuerzas Armadas, distinto al civil y que viene establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Según dicho protocolo, han precisado las fuentes, al JEMAD y otros generales les correspondía la vacuna, por edad, una vez se había administrado a los sanitarios y a todos los militares que se iban a ir a una misión, tanto en el extranjero como en territorio nacional.

La vacuna, señala el EMAD, se le ha inyectado también a militares y civiles implicados en la planificación, dirección y coordinación de las operaciones de otros escalafones, también de la tropa.

La Asociación Unificada de Militares (AUME) ha pedido al Ministerio que explique por qué se han «colado» mandos del Ejército en la vacunación y ha expresado su «malestar» e «indignación» por estos hechos.

Aume exige que se asuman responsabilidades por parte de aquellos que «no solo deben dar ejemplo», sino también cumplir con lo establecido por las autoridades sanitarias.

La vacunación de los militares se ha unido a la polémica esta semana por las dosis administradas, saltándose los protocolos, a alcaldes, concejales y consejeros, tanto del PSOE como del PP, en municipios de Alicante, Huelva y Murcia, así como en el Gobierno de esta última comunidad y de Ceuta.

A la lista se sumaron este viernes los alcaldes de las localidades zaragozanas de Luesia y Asín, Jaime Lacosta (PP) y Rogelio Garcés (PSOE), así como el alcalde socialista del municipio vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz, junto con otros ediles y el cura del pueblo.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

Publicado

en

Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo