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Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas

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Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas

València, 2 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ámbito europeo, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros.

Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.

La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, ha informado la Guardia Civil.

La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.

Este método es conocido como «esquema ponzi», un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.

De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o comidas.

Fruto de las investigaciones, se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.

El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo 3 entradas y registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes.

Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba, así como al decomiso de diversa documentación y dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas).

Igualmente, se han bloqueado 13 vehículos e intervenidos otros siete, todos ellos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total, entre vehículos y cuentas bancarias, de más de dos millones y medio de euros.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia tras la operación desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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