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Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas

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Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas

València, 2 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ámbito europeo, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros.

Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.

La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, ha informado la Guardia Civil.

La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.

Este método es conocido como «esquema ponzi», un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.

De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o comidas.

Fruto de las investigaciones, se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.

El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo 3 entradas y registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes.

Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba, así como al decomiso de diversa documentación y dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas).

Igualmente, se han bloqueado 13 vehículos e intervenidos otros siete, todos ellos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total, entre vehículos y cuentas bancarias, de más de dos millones y medio de euros.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia tras la operación desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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