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Detenido un directivo de Cocemfe por presuntos abusos sexuales a un joven discapacitado

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VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha detenido esta semana a un directivo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la provincia de Valencia por un presunto delito de abusos sexuales a un joven con un grado elevado de discapacidad en un centro de Picassent (Valencia), según han confirmado fuentes de la investigación.

El arrestado, de 44 años y voluntario de la organización, también es discapacitado y ha renunciado a todos sus cargos en Cocemfe después de quedar en libertad este pasado viernes, detallan desde la confederación.

La detención del exvicepresidente de Cocemfe Valencia se produjo el jueves por presuntos abusos sexuales a un joven, mayor de edad, en una asociación de discapacitados de Picassent. El denunciante no era usuario de los servicios de la confederación y posee un grado elevado de discapacidad, al igual que el presunto autor de los hechos.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso ya fue investigado durante el año pasado por hechos similares, también por parte de la Guardia Civil.

Tras decretar el juez su libertad este pasado viernes, el arrestado se puso en contacto con la dirección autonómica de la organización y renunció de todos sus cargos: vicepresidente de Cocemfe Valencia, vocal de Cocemfe Comunitat Valenciana y secretario de la asociación ASMIP Picassent.

VOLUNTARIO DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS
Desde la confederación destacan que este exdirectivo «participa en acciones de voluntariado desde hace más de 20 años» y apelan a la presunción de inocencia. «Es muy duro pensar que haya hecho nada, pero hasta ahí podemos decir», ha manifestado a Europa Press el presidente de la federación provincial, Albert Marín.

De momento, ha subrayado que, personalmente, él mantendrá su «relación de compañerismo» con el detenido, si bien ha insistido en que «la organización no tendrá ningún contacto» ni ejercerá ninguna función.

En cualquier caso, Marín ha asegurado que el exvicepresidente se encuentra «destrozado» y ha manifestado su preocupación por su situación personal, dado que «su discapacidad es orgánica, de grado elevado y sufre varias patologías».

Por parte de Cocemfe CV, la organización autonómica ha emitido un comunicado en el que explican la situación actual del detenido y la renuncia de sus cargos, a la espera de que «la justicia esclarezca los hechos». Recuerdan además «la presunción de inocencia que asiste a cualquier persona acusada, según el ordenamiento jurídico».

Como entidad, destacan la trayectoria de «30 años en el trabajo de las más de 1.000 personas que ejercen de manera altruista como directivos de sus 99 asociaciones integradas», así como sus más de 400 trabajadores y las decenas de voluntarios que colaboran de forma externa para «mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias en la Comunitat Valenciana».

Cocemfe CV es una ONG sin ánimo de lucro nacida en 1991 para promocionar y defender los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y mejorar su calidad de vida hasta la plena integración educativa, laboral y social.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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