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Detenidos dos empresarios e incautados 800 kilos de cocaína en piña congelada

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EFE

Madrid, 14 jun (EFE).- La Policía Nacional ha incautado en Robledo de Chavela (Madrid) 800 kilos de cocaína ocultos en una partida de 14.400 kilos de piña congelada procedente de Brasil y desembarcada en Valencia, en una operación donde se ha detenido a dos empresarios dedicados a la importación de frutas y otros productos desde Sudamérica.

La droga había sido escondida en pulpas de piña congelada tras superar un complejo proceso químico que la hacía prácticamente indetectable en los controles aduaneros, informan la Dirección General de la Policía y la Agencia Tributaria, que también ha participado en la operación.

Tenía como destino final un laboratorio clandestino ubicado en un chalet de la localidad madrileña de Robledo de Chavela, donde los agentes intervinieron la droga y llevaron a cabo los arrestos.

Las investigaciones comenzaron en 2018 cuando a través de los cauces internacionales de colaboración se tuvo conocimiento de una operación entre la Policía Nacional de Colombia y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos que culminó con la intervención en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias de 216 kilos de cocaína ocultos en café para ser transportados a España en un contenedor.

Durante la investigación se comprobó que la forma de actuar de los responsables del envío consistía en utilizar un entramado empresarial dedicado a la importación y comercialización de zumos, bebidas, café y frutas con apariencia de legalidad para transportar la droga en contenedores marítimos desde distintos países sudamericanos.

De este modo los investigadores pusieron el foco de atención en un contenedor marítimo llegado a Valencia e importado por una de las empresas investigadas en el que se transportaba 14.400 kilos de pulpas de piña destinados a España.

Una vez que se efectuó la inspección por parte de los agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera se intervinieron veinte palés de piña congelada, uno de los cuales transportaba la cocaína mezclada con la fruta, que fue transportado al citado laboratorio de Robledo de Chavela.

Los agentes practicaron tres registros domiciliarios y procedieron a la detención de los dos empresarios como presuntos responsables de este envío, a quienes incautaron 10.000 euros en efectivo y dos vehículos que habían adquirido recientemente.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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