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Detenidos dos sobrinos de Rafael Blasco por adjudicaciones millonarias en Sanidad y el Hospital General

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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra una trama de adjudicaciones millonarias de la Conselleria de Sanidad y el Hopsital General que supera los 30 millones de euros en la época que gobernaba el PP, concretamente entre los años 2004 y 2014.

Dicha operación se llevó a cabo este miércoles en varias instituciones a la vez. Los agentes entraron de manera simultánea en la Conselleria de Sanidad, en el Hospital General y en la Fundación del Consorcio hospitalario, además de en las sedes de varias empresas adjudicatarias y en los domicilios de los detenidos.

La operación se saldó con la detención del exgerente del Consorcio del Hospital General de València, Sergio Blasco, y de su hermano Francisco José, los dos sobrinos del exconseller Rafael Blasco, quien actualmente está en prisión por el caso Cooperación. Junto a ellos, otras 7 personas fueron detenidas.

La UDEF apunta a un entramado empresarial cuyo objetivo supuestamente era beneficiarse de las cuantiosas adjudicaciones del ámbito sanitario.

Durante los registros, que se llevaron a cabo durante horas, los agentes incautaron cuantioso material y documentación de contrataciones, adjudicaciones y memorias del hospital correspondientes al periodo comprendido entre 2004 y 2014.

La operación, bautizada como ‘Osvaldos’ viene motivada tras las denuncias presentadas por Esquerra Unida en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción por distintas actuaciones sociosanitarias cuyo punto común era la gestión de Rafael Blasco. Dos de ellas, la que propició la investigación del sistema informático de Sanidad Abucasis, programa elaborado por César Augusto Tauroni, empresario afín a Blasco, y la de EU denunciando la trama de adjudicaciones. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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