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La Comunitat Valenciana, la región más endeudada en 2023, según el Banco de España

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El dirigente del PSPV-PSOE y diputado electo Arcadi España. EFE/Ana Escobar/Archivo

Madrid/València, 27 mar (OP-EFE).- La Comunitat Valenciana se mantuvo en 2023 como la región más endeudada, al alcanzar un 42,2 % de su PIB, a pesar de que redujo su endeudamiento en 1,3 puntos con respecto a 2022, según ha informado este miércoles el Banco de España.

La deuda de la Comunitat Valenciana

Tras la Comunitat Valenciana las regiones más endeudadas eran Castilla-La Mancha (31,9 % del PIB), Murcia (31,2 %), Cataluña (31 %), Baleares (22,3 %), Extremadura (21,8 %) y Aragón (20,3 %).

Las menos endeudadas eran Navarra (12 % del PIB), Canarias (12,2 %), País Vasco (12,4 %) y Madrid (12,6 %).

Todas las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento en 2023, sobre todo Baleares (en 2,7 puntos de PIB), Cantabria (2,1 puntos), Cataluña (2,1 puntos) y Navarra (2 puntos).

El Banco de España ha confirmado este miércoles que la deuda pública española cerró 2023 en el 107,7 % del PIB, 3,9 puntos menos que al cierre del ejercicio anterior y cuatro décimas por debajo de la previsión del Gobierno (108,1 % del PIB).

Esta corrección de la ratio de deuda fue posible gracias al crecimiento de la economía, ya que el endeudamiento alcanzó los 1.573.754 millones de euros, un 4,7 % más que en 2022 y el cierre más elevado de la serie histórica.

Como es habitual, la mayor parte de la deuda se concentraba en la administración central, que cerró 2023 con un récord de 1.434.090 millones, un 5,5 % más, lo que equivale al 98,1 % del PIB (2,8 puntos menos).

También incrementaron su deuda las comunidades autónomas -en un 2,6 %, hasta los 325.234 millones, una cifra que equivale al 22,2 % del PIB (1,4 puntos menos)- y las corporaciones locales -en un 1,2 %, hasta los 23.318 millones, lo que equivale al 1,6 % del PIB, una décima menos-.

Por lo que respecta a la Seguridad Social, cerró el pasado año con una deuda de 116.173 millones, un 9,4 % más, lo que equivale al 7,9 % del PIB, igual que un año antes.

La suma de la deuda de los distintos subsectores no coincide con el total porque algunos importes están computados dos veces, al tratarse de préstamos entre administraciones.

La deuda de Madrid alcanza los 1.960 millones

El Banco de España también ha facilitado datos de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que estuvieron encabezados por Madrid, con una deuda de 1.960 millones, un 12,8 % más que un año antes.

Le siguieron Barcelona, con una deuda de 1.333 millones (un 19,3 % más), y, muy por detrás, Zaragoza (603 millones, un 4,1 % menos), Murcia (269 millones, un 7,6 % más) y Sevilla (239, un 10,6 % más).

En cuanto a los instrumentos en que se encontraba la deuda pública española al cierre de 2023, la mayor parte se enmarcaba en valores representativos de deuda (1.397.719 millones), tanto a largo plazo (1.326.054 millones) como a corto plazo (71.665 millones).

El resto se repartía en préstamos (170.748 millones) y efectivo y depósitos (5.286 millones).

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Estas son las únicas zonas que podrán tener licencias para apartamentos turísticos en Valencia

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Licencias apartamentos turísticos Valencia
Varias toallas se secan en el balcón de un apartamento turístico en el barrio del Carmen de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 30 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- La regulación del uso turístico de las viviendas vinculará la concesión de la licencia al titular del inmueble con el fin de evitar la especulación en la venta de viviendas con estas características, según ha anunciado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

La Conselleria trabaja en mejorar algunos aspectos de la normativa de regulación del uso turístico de las viviendas, entre ellos hacer depender la habilitación de uso al titular de la vivienda, y no a esta, de manera que si se transmite a terceros, decaiga la autorización.

Evitar la especulación

Con esta medida se pretende evitar la especulación de las ventas de viviendas, ya que si el nuevo titular quiere darle un uso turístico, deberá solicitar de nuevo la habilitación de uso, según ha explicado.

Además, se trabaja en el marco de la simplificación administrativa para evitar colapsos en los ayuntamientos en la emisión de informes de compatibilidad urbanística, y que estos puedan ser sustituidos o complementados con los informes de las entidades colaboradoras en materia urbanística, al igual que ocurre en otro tipo de licencias, como las licencias de obra para la construcción.

Montes ha avanzado, en los pasillos de Les Corts, que la nueva normativa estará lista antes del verano y recogerá más medidas de inspección para evitar la especulación y dará más autonomía a los municipios para «congelar la oferta de apartamentos o no», ha precisado.

Desborde de apartamentos turísticos

La consellera ha lamentado que el Ministerio no haya actuado respecto a la vivienda turística pese a que llevan un año pidiendo una conferencia sectorial monográfica sobre este asunto.

Según ha dicho, «posiblemente tenemos más viviendas turísticas de lo que pensamos», pues durante el gobierno del Botànic crecieron un 160 %, solo en el periodo 2022-2023 un aumento del 20 %, con un total de 120.000 contabilizadas en la Comunitat Valenciana.

Pero, ha puntualizado, las viviendas turísticas que se comercializan pueden ser el doble, en algunos casos mediante prácticas ilegales como el alquiler de habitaciones.

Respecto a las inspecciones de viviendas ilegales, actualmente hay 11 inspectores en la Comunitat, y con el Gobierno del PP y Vox se ha reorientado su labor y se han duplicado las inspecciones pasando de 505 a 1.200.

Nuevas normas

Catalá ha explicado que durante este año de moratoria «se buscará una regulación sensata» y ha dado pistas sobre las futuras modificaciones de las normas urbanísticas del plan general (PGOU), dirigidas a poner orden en el sector de los apartamentos turísticos.

La moratoria, ha insistido Catalá, no suspenderá las licencias de hoteles (de las cuales se están tramitando siete este año) ni de bloques completos de apartamentos. Sin embargo, «fijará unas normas del juego» para los edificios residenciales donde se quieran instalar apartamentos turísticos, permitiéndolos en primeras plantas siempre que tengan accesos diferenciados.

Suspendidas las licencias de apartamentos turísticos en Valencia durante 1 año

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos políticos la suspensión de las licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos comerciales durante un año, prorrogable a otro más.

La moratoria, que ya se aplica en Ciutat Vella, afectará a casi toda la ciudad porque el barrio del Cabanyal tiene su propia regulación, pero no a los edificios dedicados en exclusiva a esta actividad económica, puesto que se equiparan a los hoteles.

El pleno del Ayuntamiento de València ha debatido la propuesta anunciada el pasado viernes por la alcaldesa, María José Catalá, de suspender las licencias para apartamentos turísticos por un año, que es el periodo máximo y que podría ser prorrogable, periodo que servirá para ajustar la normativa de esta actividad.

El Ayuntamiento de València limita los pisos turísticos en Ciutat Vella, exceptuando Sant Francesc y la plaza del Patriarca

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el gobierno municipal presentará una modificación del Plan Especial de 2020 de Ciutat Vella en la comisión de Urbanismo, estableciendo que «ya no se podrán hacer más apartamentos turísticos» en el distrito, salvo en edificios destinados exclusivamente a este uso situados en la zona de Sant Francesc y la plaza del Patriarca, en la Xerea.

Catalá detalló esta medida durante una visita a un edificio en la avenida de Tarongers, tras adelantarla en una entrevista en Radio Valencia Cadena Ser, coincidiendo con su primer aniversario como alcaldesa.

La alcaldesa explicó que esta nueva regulación responde al hecho de que un 10% de las viviendas en Ciutat Vella son apartamentos turísticos, un porcentaje que considera «equilibrado» respecto a la vivienda habitual. Por ello, salvo en los dos puntos mencionados, «en el resto de barrios de Ciutat Vella, como la Xerea, el Pilar o la Seu, ya no se podrán hacer más apartamentos turísticos».

Catalá subrayó que la nueva ordenación necesita «una regulación acorde a lo que han dictado los tribunales» para garantizar «la mayor seguridad jurídica». Recordó que el Plan Especial de 2020 fue impugnado judicialmente y el Ayuntamiento «perdió el recurso», ya que el TSJCV «inhabilitó esa ordenación del PEP de los apartamentos turísticos». Añadió que la moratoria de licencias establecida en 2023 finalizará próximamente.

La nueva normativa pasará primero por la comisión de Urbanismo de junio, luego será enviada a la Generalitat y finalmente regresará al Ayuntamiento para su aprobación en el pleno municipal.

«Poner las reglas del juego claras»

Por otro lado, respecto a la moratoria general de licencias para la apertura de viviendas turísticas en València, María José Catalá defendió en la entrevista en Radio Valencia Cadena Ser, recogida por Europa Press, que esta medida busca «ordenar bien», «poner las reglas del juego claras» y «garantizar la seguridad jurídica para todos». Criticó el modelo anterior, «sin ordenanza ni inspecciones», y destacó que el gobierno municipal ha puesto en marcha cuatro equipos inspectores, realizado 300 inspecciones y decretado 200 órdenes de cierre.

La alcaldesa indicó que la principal preocupación del Ayuntamiento es la «actividad irregular» de los apartamentos turísticos. «Si no regulas eso, no puedes exigir al sector legal, que paga sus impuestos, ciertas demandas», afirmó, insistiendo en que la ciudad «no tenía claras las reglas del juego» respecto a los apartamentos turísticos.

Catalá concluyó que «no estamos en contra de los edificios enteros de apartamentos turísticos, ni siquiera de los apartamentos turísticos», manifestando su apoyo al sector turístico y expresando su intención de evitar que «llegue esa ola populista».

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