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Díaz: La Comunitat es la gran perdedora de una financiación que urge cambiar

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Yolanda Díaz en acto Público de la Plataforma Sumar en Valencia
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el acto público de la Plataforma Sumar en València. EFE/Biel Aliño

València, 19 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que la Comunitat Valenciana es «la gran perdedora» del sistema de financiación autonómica, y ha afirmado que este debe ser «inmediatamente corregido».

«Un gran problema»

En un acto público en València para presentar la plataforma Sumar, Díaz ha dicho saber que esta autonomía tiene «un gran problema» que se llama «financiación», que hace que cada valenciano perciba 612 euros menos que un ciudadano de la comunidad mejor financiada.

Y eso, ha dicho, no es solo un agravio, sino una cuestión de derecho a servicios públicos, ya que hablar de financiación es hablar de cultura, de dependencia, de empleo, de sanidad y educación públicas o de políticas de cooperación.

Ante los centenares de asistentes al acto, celebrado en Feria València, Díaz se ha referido a la manifestación celebrada este viernes en Alicante para exigir mayores inversiones en esta provincia en los Presupuestos Generales del Estado, y ha avanzado que esta cuestión se va a corregir.

Ha abogado también por abordar el tema de la fiscalidad, y ha criticado a las autonomías que «se permiten el dislate de bajar impuestos y suprimirlos a las grandes rentas para que otros les paguemos los servicios públicos».

La líder de Sumar ha puesto a la Comunitat Valenciana como ejemplo de gobierno del que se puede presumir en estos momentos, frente al «modelo de Francisco Camps y de la corrupción del PP», cuyo emblema ha dicho, «se llama Rodrigo Rato y está en la cárcel».

Volkswagen

Durante su intervención, también ha asegurado que Sagunto tiene una oportunidad con la instalación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen para cambiar el modelo productivo y hacerlo bien, integrando a los trabajadores y las familias.

Por otra parte, la ministra ha exigido tanto a la banca como a las grandes distribuidoras de alimentación, que se están «forrado» o «incrementado de manera escandalosa» sus beneficios, que se pongan del lado de la gente en esta crisis y «se mojen» por el país.

Ha defendido que cuando se actúa desde lo público se puede cambiar la vida de la gente, pero ha lamentado que hay dos cuestiones sobre las que no se está actuando: el derecho a la vivienda y la alimentación.

«La banca se esta forrando con la subida de tipos de interés», ha asegurado, y ha abogado por que en un momento de crisis, este sector debe decir que «está con la gente y va a congelar las hipotecas con carácter retroactivo a partir de la subida del euríbor».

En materia de alimentación, ha criticado que con un IPC «insoportable» del 15,4 %, las grandes distribuidoras del país están aumentando «de manera escandalosa sus beneficios», y les ha instado a «mojarse por el país» y garantizar una cesta de la compra «saludable y sana para la gente».

Yolanda Díaz ha afirmado que en este proyecto «no sobra nadie» y que han venido a la política «para cambiar la vida de la gente, y no para hacer ruido y jalear».

«Sumar va de cambiar la vida de la gente y disputar las esperanzas. Disputemos las esperanzas, no nos distraigamos, no hagamos ruido, digamos a la gente que lo pasa mal que les vamos a dar confianza», ha manifestado, y ha señalado que quien se distraiga de este camino «no sirve para el fin de cambiar» la vida de las personas.

Díaz, quien ha sido interrumpida en dos ocasiones por militantes del Frente Obrero, ha defendido que la ley del «sí es sí» es importante y que hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo, al ser preguntada por una asistente al acto por la polémica generada por esta norma.

Al acto, han asistido el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem); la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro (Compromís), y la de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (EU), además del diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví, y las síndicas en Les Corts de Compromís, Papi Robles, y Unides Podem, Pilar Lima.

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La Audiencia Nacional rechaza suspender el campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

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La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación de un campamento de acogida para inmigrantes en el Puerto de Ceuta.

La decisión judicial permite al Gobierno continuar con la puesta en marcha del recinto, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

El SUP había solicitado que se paralizara de forma inmediata la instalación al considerar que existían problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos para los agentes. La Audiencia Nacional ha rechazado esta medida cautelarísima, aunque el fondo del recurso presentado por el sindicato todavía deberá resolverse.

Un campamento de 16.000 metros cuadrados

El recinto previsto en el Puerto de Ceuta ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados y está planteado como una solución temporal para aliviar la situación de acogida en la ciudad autónoma.

Según la información publicada sobre el proyecto, el espacio permitirá trasladar a parte de los inmigrantes que permanecen actualmente en otros puntos de Ceuta. Algunas fuentes sitúan en alrededor de 1.800 personas el colectivo que estaba previsto trasladar al campamento.

La resolución de la Audiencia Nacional permite continuar con el operativo mientras se tramita el procedimiento judicial. El Gobierno sostiene que el recinto dispone de las condiciones necesarias y que se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

El recurso del Sindicato Unificado de Policía

El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión de utilizar terrenos del puerto para instalar el campamento y pidió a la Audiencia Nacional que frenara su puesta en funcionamiento.

La organización policial había planteado sus objeciones principalmente por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos. La decisión conocida este jueves no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional haya resuelto definitivamente el recurso: únicamente rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP.

De esta forma, el Gobierno puede continuar con la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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