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Valencia

Dimite el director general de Medio Ambiente por la muerte de 10 burros

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València, 26 oct (EFE).- El director general del Medio Natural, Benjamín Pérez, ha presentado su dimisión a la consellera Mireia Mollà después de que fallecieran diez burros que habían sido introducidos en el Desert de les Palmes en el marco de un proyecto para la prevención de incendios.

La consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Mollà, ha informado este martes en rueda de prensa sobre las gestiones realizadas por la Generalitat en relación a este asunto, que ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil ante la existencia de «indicios que apuntan a una posible acción humana» en el fallecimiento de estos animales.

A juicio de la consellera, el proyecto «no ha sido tutelado de la forma adecuada, la dispersión de los burros ha podido propiciar ataques por parte de otros animales o caídas, pero también hay indicios de que pueda haber habido una acción humana».

En referencia a esta última posibilidad, la Conselleria ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, para «que investigue posibles autorías», ha indicado Mollà.

Según ha explicado la consellera, el propietario de los burros había recibido amenazas contra la vida de los animales y alguien cortó el cercado en el que se encontraban, acciones que no se denunciaron inicialmente, según ha lamentado la consellera.

Por otra parte, ha subrayado que «es obvio que tanto en el expediente administrativo como en la práctica de la experiencia no se ha tenido la diligencia que correspondía, y por tanto el estado de los animales ante la pérdida de peso o la presencia de heridas debería haber activado la llamada a veterinarios oficiales para que certificasen su estado de salud. Esto nunca debería haber acabado con 10 animales muertos».

«Si bien algún episodio inicial se puede atribuir a causas naturales, no es normal que no se aborte la experiencia y se proteja a los animales», ha insistido Mollà, quien ha admitido que «tanto en la parte administrativa como en la práctica, no ha habido un comportamiento diligente».

Parte de esas negligencias, ha indicado, han consistido en no comunicar a los órganos superiores de la conselleria la información de la que se disponía, y «eso ha de conllevar responsabilidades de dos tipos».

«En la parte administrativa, se abrirán expedientes para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios, y en la parte política he aceptado la dimisión del director general del Medio Natural, Benjamín Pérez».

Por otra parte, Mollà ha informado de que ha pedido comparecer en Les Corts para explicar este asunto en la comisión correspondiente y «facilitar toda la información disponible».

Por último, ha informado de que se han remitido muestras de tejidos de los animales fallecidos a especialistas en toxicología por si se pudiese confirmar que los animales sufrieron algún tipo de intoxicación, bien a partir de algún elemento natural, bien de forma intencionada.

Los alrededor de 50 animales llegaron a una parcela privada del Parque Natural del Desert de les Palmes el pasado mes de agosto después de que un ganadero hiciera una petición para hacer uso de una parcela para que pacieran allí los burros. Esa petición fue apoyada por el director del Parque y finalmente fue autorizada por la dirección general de Medio Natural.

Proyectos similares a este existe en otros lugares de España, ya que estos animales, al alimentarse, eliminan vegetación combustible de los bosques y, en consecuencia, contribuyen a prevenir la aparición de incendios forestales.

En la primera semana de octubre, la Conselleria de Agricultura tuvo noticias de que el proyecto no estaba funcionando y que los animales no presentaban un aspecto adecuado, por lo que se pidió al ganadero que los retirara y diera por concluido el proyecto. EFE

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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