El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respondido este miércoles en Les Corts a las acusaciones del PSPV sobre la contratación de su pareja en la Administración pública. Llorca ha defendido que su pareja, Vanesa Soler, ingresó en el Ayuntamiento de Finestrat hace más de 20 años mediante un proceso legal y transparente, antes de mantener cualquier vínculo sentimental con él.

Defensa del ‘president’ y acusaciones al PSPV

Durante la sesión de control, Llorca ha asegurado que los socialistas «continuarán con la mentira y el relato» sobre este asunto, pero ha garantizado que tiene «la conciencia tranquila» y «nada que esconder». Según el jefe del Consell, su pareja fue adjudicataria de una plaza tras superar oposiciones que incluían examen práctico, examen teórico y entrevista, y posteriormente consolidó su plaza en la Administración.

El síndic del PSPV, José Muñoz, acusó a Llorca de “enchufismo” y lo calificó de “jeta con trienios”, reclamando elecciones anticipadas y acusando al presidente de repetir un patrón de colocación de familiares y allegados en la Administración durante su etapa como alcalde de Finestrat.

Llorca destaca sus logros políticos

En respuesta, Llorca ha recordado su historial electoral en Finestrat, donde asegura haber “barrido al PSOE” como alcalde. Ha defendido su trayectoria y éxito político asegurando que se basa en la honestidad, la cercanía y la transparencia con los ciudadanos. Además, ha subrayado que los ataques a su pareja se deben únicamente a que está vinculada a él, pero que ingresó en la Administración antes de mantener cualquier relación sentimental.

Críticas cruzadas y contexto político

El debate en Les Corts también incluyó críticas cruzadas sobre la gestión de inversiones y fondos públicos. Llorca destacó que mientras él anunciaba importantes proyectos para la Comunitat Valenciana, el PSPV, liderado por Diana Morant, estaba implicado en la investigación de un presunto desfalcamiento de 25 millones de euros en el CNIO, según afirmó el ‘president’.

Conclusión

Juanfran Pérez Llorca mantiene su postura firme: defiende la legalidad del acceso de su pareja a la Administración, rechaza las acusaciones de enchufismo y acusa al PSPV de manipular la información con fines políticos. La sesión de control de este miércoles ha vuelto a evidenciar la polarización política en la Comunitat Valenciana y el debate sobre transparencia y nepotismo en la Administración pública.

Pérez Llorca en el ojo del huracán por la polémica plaza de su pareja con salario de 52.000 €

El nombramiento de Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como secretaria de dirección en la Diputación de Valencia ha desatado un fuerte debate político sobre ética pública, transparencia y posible “enchufismo”.

La plaza, con un salario de aproximadamente 52.070 € anuales, fue adjudicada tras un proceso de comisión de servicios, al que según la institución se presentaron varios aspirantes y en el que Soler resultó elegida por mayor experiencia profesional.

La polémica: contracción en tiempo récord

La plaza existía desde julio de 2025, pero estaba vacante y fue activada poco después de que Juan Francisco Pérez Llorca asumiera la presidencia del Consell. La oposición ha señalado que el proceso fue acelerado después de su llegada al Palau y criticó el uso de la administración pública para favorecer a personas cercanas.

Reacción política y acusaciones

PSPV-PSOE y Compromís, principales grupos de la oposición, han denunciado el caso como un ejemplo de “enchufismo” y de utilización partidista de recursos públicos. Los críticos también han cuestionado la justificación de “urgente necesidad” y el hecho de que la oficina de destino estuviera en la ciudad de València en lugar de Alicante, donde Soler ha desarrollado su carrera profesional.

Desde el PP y Vox, en cambio, se ha defendido que el procedimiento fue legal y transparente, que Soler cumplía con los requisitos exigidos y que se trata de una práctica habitual de comisión de servicios en la administración pública.

Impacto salarial y críticas sociales

El aumento de salario también ha sido objeto de controversia: Soler pasará de cobrar unos 25.600 € como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat a más de 52.000 € anuales en su nuevo puesto, lo que ha aumentado las críticas sobre la percepción de privilegios no percibidos por otros funcionarios.

¿Qué dice el Consell?

Pérez Llorca ha defendido el nombramiento alegando que fue un procedimiento abierto y argumentando que quienes cuestionan el caso están incurriendo en una campaña “machista”, desviando el foco de cuestiones de política general hacia la esfera privada de su pareja.

Debate sobre transparencia y administración pública

El caso ha reabierto el debate en la Comunitat Valenciana sobre:

• Ética y transparencia en la contratación pública
• Uso de comisiones de servicios y plazas de libre designación
• Percepción de trato de favor para personas con vínculos personales con altos cargos políticos