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Dimite el secretario de EMT València por su vinculación con el cuñado de Ribó

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VALÈNCIA, 20 Nov. – El secretario asesor del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Salvador Martínez Tarín, ha comunicado este miércoles a la compañía pública su decisión personal de dejar el cargo «de manera inmediata».

La salida de Martínez Tarín como secretario asesor de la EMT, de la que la propia empresa ha informado en un comunicado, se produce en plena polémica por la vinculación de su bufete con el despacho Abastos Abogados, relacionado con el cuñado del alcalde de València, Joan Ribó, y cuando la empresa acaba de sufrir este verano un fraude de cuatro millones de euros que está bajo investigación judicial.

El diario Las Provincias daba a conocer que el despacho del secretario contratado por la EMT, SMT Asesores, y el del cuñado de Ribó mantenían una estrecha relación empresarial. Poco después, se conocía que SMT Asesores había inyectado más de 44.000 euros en el bufete Abastos Abogados a través de una compra de acciones en una ampliación de capital.

La EMT le ha agradecido el trabajo durante cuatro años, una tarea que la empresa pública considera que ha sido «imprescindible» para llevar a cabo la «renovación y el cambio estructural» de la sociedad y para lograr «hitos históricos» como el primer texto refundido del Convenio Colectivo, la ampliación del objeto social o asegurar la condición de empresa pública municipal «de manera indefinida», entre otros.

En esta línea, la EMT, presidida por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera que su trabajo ha sido «indispensable» para hacer de la compañía «la empresa puntera que es actualmente».

Precisamente, horas antes de que la EMT informara de la decisión, el propio Grezzi señalaba que fue él quien nombró a Martínez «por su gran valía» y valoraba el trabajo desempeñado en la entidad. Así, declaraba estar «totalmente pagado y contento» de la labor realizada por el asesor, de quien no podía «más que tener buenas palabras para él».

Asimismo, defendía que Tarín había hecho ahorrar a la EMT «200.000 euros solo en facturas respecto a la anterior etapa con el PP» y «ganar muchas sentencias, entre otras, algunas que han hecho ahorrar 100.000 euros en nóminas de unos liberados que no tenía derecho a hacerlo».

De igual modo, el alcalde Ribó valoró la labor de Martínez Tarín en el último pleno municipal, donde destacó que el secretario del consejo de administración había hecho mucha tarea jurídica en la empresa.

Por contra, la oposición en el consistorio ha estado cuestionando la contratación del secretario asesor del consejo, ha reclamado su cese por la vinculación con Abastos Abogados y ha pedido su contrato. Desde la oposición se reclamaba que el secretario de la corporación fuera el del consejo de la EMT al ser un funcionario habilitado nacional.

De hecho, este mismo miércoles, Cs en el Ayuntamiento de València ha anunciado que iba a pedir una investigación «separada y distinta» de la que hay en marcha sobre el fraude para investigar «la relación de Ribó con los abogados» contratados por la EMT.

UN INFORME AVALABA SU CONTRATACIÓN
Un informe reciente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València, elaborado tras la petición de los grupos en la oposición en el consistorio –Cs, PP y Vox–, avalaba el contrato de Martínez Tarín como secretario asesor del consejo, al verlo «jurídicamente correcto».

Este cargo, señala ese informe, carece de la condición de personal directivo, si bien se trata de una designación a propuesta del presidente; nombrado, al igual que sus antecesores, por acuerdo del consejo sin concurrencia pública, y cuyas funciones de asesor no implica que lleve el asesoramiento general de toda la sociedad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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