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Dimite el secretario de EMT València por su vinculación con el cuñado de Ribó

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VALÈNCIA, 20 Nov. – El secretario asesor del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Salvador Martínez Tarín, ha comunicado este miércoles a la compañía pública su decisión personal de dejar el cargo «de manera inmediata».

La salida de Martínez Tarín como secretario asesor de la EMT, de la que la propia empresa ha informado en un comunicado, se produce en plena polémica por la vinculación de su bufete con el despacho Abastos Abogados, relacionado con el cuñado del alcalde de València, Joan Ribó, y cuando la empresa acaba de sufrir este verano un fraude de cuatro millones de euros que está bajo investigación judicial.

El diario Las Provincias daba a conocer que el despacho del secretario contratado por la EMT, SMT Asesores, y el del cuñado de Ribó mantenían una estrecha relación empresarial. Poco después, se conocía que SMT Asesores había inyectado más de 44.000 euros en el bufete Abastos Abogados a través de una compra de acciones en una ampliación de capital.

La EMT le ha agradecido el trabajo durante cuatro años, una tarea que la empresa pública considera que ha sido «imprescindible» para llevar a cabo la «renovación y el cambio estructural» de la sociedad y para lograr «hitos históricos» como el primer texto refundido del Convenio Colectivo, la ampliación del objeto social o asegurar la condición de empresa pública municipal «de manera indefinida», entre otros.

En esta línea, la EMT, presidida por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera que su trabajo ha sido «indispensable» para hacer de la compañía «la empresa puntera que es actualmente».

Precisamente, horas antes de que la EMT informara de la decisión, el propio Grezzi señalaba que fue él quien nombró a Martínez «por su gran valía» y valoraba el trabajo desempeñado en la entidad. Así, declaraba estar «totalmente pagado y contento» de la labor realizada por el asesor, de quien no podía «más que tener buenas palabras para él».

Asimismo, defendía que Tarín había hecho ahorrar a la EMT «200.000 euros solo en facturas respecto a la anterior etapa con el PP» y «ganar muchas sentencias, entre otras, algunas que han hecho ahorrar 100.000 euros en nóminas de unos liberados que no tenía derecho a hacerlo».

De igual modo, el alcalde Ribó valoró la labor de Martínez Tarín en el último pleno municipal, donde destacó que el secretario del consejo de administración había hecho mucha tarea jurídica en la empresa.

Por contra, la oposición en el consistorio ha estado cuestionando la contratación del secretario asesor del consejo, ha reclamado su cese por la vinculación con Abastos Abogados y ha pedido su contrato. Desde la oposición se reclamaba que el secretario de la corporación fuera el del consejo de la EMT al ser un funcionario habilitado nacional.

De hecho, este mismo miércoles, Cs en el Ayuntamiento de València ha anunciado que iba a pedir una investigación «separada y distinta» de la que hay en marcha sobre el fraude para investigar «la relación de Ribó con los abogados» contratados por la EMT.

UN INFORME AVALABA SU CONTRATACIÓN
Un informe reciente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València, elaborado tras la petición de los grupos en la oposición en el consistorio –Cs, PP y Vox–, avalaba el contrato de Martínez Tarín como secretario asesor del consejo, al verlo «jurídicamente correcto».

Este cargo, señala ese informe, carece de la condición de personal directivo, si bien se trata de una designación a propuesta del presidente; nombrado, al igual que sus antecesores, por acuerdo del consejo sin concurrencia pública, y cuyas funciones de asesor no implica que lleve el asesoramiento general de toda la sociedad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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