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Dimite el secretario de EMT València por su vinculación con el cuñado de Ribó

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VALÈNCIA, 20 Nov. – El secretario asesor del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Salvador Martínez Tarín, ha comunicado este miércoles a la compañía pública su decisión personal de dejar el cargo «de manera inmediata».

La salida de Martínez Tarín como secretario asesor de la EMT, de la que la propia empresa ha informado en un comunicado, se produce en plena polémica por la vinculación de su bufete con el despacho Abastos Abogados, relacionado con el cuñado del alcalde de València, Joan Ribó, y cuando la empresa acaba de sufrir este verano un fraude de cuatro millones de euros que está bajo investigación judicial.

El diario Las Provincias daba a conocer que el despacho del secretario contratado por la EMT, SMT Asesores, y el del cuñado de Ribó mantenían una estrecha relación empresarial. Poco después, se conocía que SMT Asesores había inyectado más de 44.000 euros en el bufete Abastos Abogados a través de una compra de acciones en una ampliación de capital.

La EMT le ha agradecido el trabajo durante cuatro años, una tarea que la empresa pública considera que ha sido «imprescindible» para llevar a cabo la «renovación y el cambio estructural» de la sociedad y para lograr «hitos históricos» como el primer texto refundido del Convenio Colectivo, la ampliación del objeto social o asegurar la condición de empresa pública municipal «de manera indefinida», entre otros.

En esta línea, la EMT, presidida por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera que su trabajo ha sido «indispensable» para hacer de la compañía «la empresa puntera que es actualmente».

Precisamente, horas antes de que la EMT informara de la decisión, el propio Grezzi señalaba que fue él quien nombró a Martínez «por su gran valía» y valoraba el trabajo desempeñado en la entidad. Así, declaraba estar «totalmente pagado y contento» de la labor realizada por el asesor, de quien no podía «más que tener buenas palabras para él».

Asimismo, defendía que Tarín había hecho ahorrar a la EMT «200.000 euros solo en facturas respecto a la anterior etapa con el PP» y «ganar muchas sentencias, entre otras, algunas que han hecho ahorrar 100.000 euros en nóminas de unos liberados que no tenía derecho a hacerlo».

De igual modo, el alcalde Ribó valoró la labor de Martínez Tarín en el último pleno municipal, donde destacó que el secretario del consejo de administración había hecho mucha tarea jurídica en la empresa.

Por contra, la oposición en el consistorio ha estado cuestionando la contratación del secretario asesor del consejo, ha reclamado su cese por la vinculación con Abastos Abogados y ha pedido su contrato. Desde la oposición se reclamaba que el secretario de la corporación fuera el del consejo de la EMT al ser un funcionario habilitado nacional.

De hecho, este mismo miércoles, Cs en el Ayuntamiento de València ha anunciado que iba a pedir una investigación «separada y distinta» de la que hay en marcha sobre el fraude para investigar «la relación de Ribó con los abogados» contratados por la EMT.

UN INFORME AVALABA SU CONTRATACIÓN
Un informe reciente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València, elaborado tras la petición de los grupos en la oposición en el consistorio –Cs, PP y Vox–, avalaba el contrato de Martínez Tarín como secretario asesor del consejo, al verlo «jurídicamente correcto».

Este cargo, señala ese informe, carece de la condición de personal directivo, si bien se trata de una designación a propuesta del presidente; nombrado, al igual que sus antecesores, por acuerdo del consejo sin concurrencia pública, y cuyas funciones de asesor no implica que lleve el asesoramiento general de toda la sociedad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa por presunta malversación

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Begoña Gómez
Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según el auto judicial, Gómez deberá declarar como investigada el 11 de septiembre de 2025, mientras que Álvarez lo hará un día antes, el 10 de septiembre. La decisión se apoya en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló en junio la investigación abierta por un posible uso indebido de recursos públicos en beneficio privado.

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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