Cuatro personas han muerto y al menos 14 agentes han resultado heridos durante el asalto al Capitolio de EEUU., según han comunicado las autoridades locales, que también han notificado 52 detenidos. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral de Biden en las elecciones de noviembre pasado.
Las autoridades de Washington habían comunicado inicialmente de la muerte de una mujer, que falleció por el disparo de la Policía del Capitolio. Otras tres personas, sin identificar, fallecieron como consecuencia de «urgencias médicas» que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, según ha asegurado Robert Contee, jefe de la Policía Metropolitana de Washington.
En una rueda de prensa noctura, Contee ha informado sobre las muertes pero no ha dado más detalles sobre cómo se han producido. Unos 14 agentes de policía han resultado heridos durante los disturbios en el Capitolio, dos de ellos «están graves».
La policía ha detenido a 52 personas tanto en el Capitolio como en otras zonas de la capital estadounidense, de las cuales unas 30 fueron arrestadas por violaciones del toque de queda que impuso la Alcaldía de Washington. Muriel Bowser, la alcaldesa, ha extendido durante quince días más el estado de emergencia pública en la capital, hasta después de la investidura Joe Biden, presidente electo, prevista para el 20 de enero.
Robert Contee, jefe de la Policía Metropolitana de Washington, ha asegurado que los agentes localizaron y desactivaron dos bombas caseras en las inmediaciones de las sedes de los comités nacionales (secretariados) de los partidos demócrata y republicano (DNC y RNC, respectivamente). También se ha hallado un vehículo en la zona del Capitolio donde había un rifle y hasta diez cócteles molotov, según han revelado varios medios de comunicación.
Lejos de sembrar la calma, Donald Trump, el presidente saliente, había instado a sus aliados a interferir en el proceso de ratificación de las elecciones presidenciales. Había insistido a Mike Pence, su vicepresidente, a arrogarse un poder que no le otorga la Constitución, y arengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando durante un mitin por la mañana en Washington.
Los seguidores de Donald Trump se dirigieron al Capitolio de EEUU y forzaron las entradas al edificio público, hasta que las autoridades lograron desalojarlos tras tres horas de peleas y disparos en las que asaltaron el lugar.
Tras la presión Trump hacía público un vídeo en Twitter pidiendo a los manifestantes que se vayan a casa pero ratificando el fraude electoral.
El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.
El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.
Vuelta a las 35 horas tras años de recortes
La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.
Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.
Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”
Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.
Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.
Nueva figura del cuidador para la conciliación
La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.
Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.
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