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Drogan y secuestran a una modelo británica para intentar subastarla en internet

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Chloe Ayling, una joven de 20 años británica y modelo de profesión fue secuestrada durante seis días en Milán por un hombre que presuntamente pretendía subastarla a través de páginas web clandestinas, tal y como han informado medios de comunicación británicos.  Por su parte, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido confirmaba que está dando asistencia a una mujer, mientras que la policía italiana detenía a Lukasz Herba, un polaco de 30 años con residencia en el Reino Unido, como principal sospechoso del secuestro.

La modelo, llegó a Milán el 10 de julio para posar en una sesión fotográfica, y ese día fue secuestrada, drogada, esposada e introducida dentro de una bolsa para ser trasladarla a una vivienda aislada en Borgial, al noroeste de Turín. La chica pasó seis días atada al mueble de una habitación, antes de que sus captores decidieran llevarla hasta el consulado británico en Milán y liberarla, el 17 de julio. Herba, que confesó el secuestro, planeó el ataque durante meses y había obtenido un pasaporte polaco falso bajo el nombre de Daniel Zawada a través de internet en mayo de 2017, informó ‘The Daily Telegraph’.

Chloe Ayling, todavía en shock, tras su liberación ha explicado sus sensaciones. «Acabo de llegar a casa después de cuatro semanas y no he tenido tiempo de organizar mis pensamientos. No puedo decir nada más hasta que la policía británica me autorice «.

El caso está siendo investigado por las autoridades de Italia, el Reino Unido y Polonia. A raíz de la detención de Herba, las fuerzas de seguridad han detectado diversas subastas en línea en las que supuestamente se vendía a jóvenes secuestradas, en las que se incluía una descripción de la víctima y un precio.

La policía no ha aclarado todavía si se trata de secuestros reales o bien si el sospechoso inventó a esas víctimas para tratar de cobrar su venta o su rescate. El secuestrador, que asegura trabajar para una mafia de tráfico ilegal que opera en la internet profunda, denominada ‘Black Death Group’, exigió al agente de la modelo 230.000 libras (253.000 euros) para evitar que fuera subastada. La víctima ha relatado a la policía que el hombre que la retenía le dijo que la dejaba en libertad tras conocer que ella tenía un hijo.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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