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#EDUCACIÓN| Comunicado del Colegio Pureza de María Grao tras perder un aula de 2º de Infantil

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Finalmente, la Conselleria de Educación ha ratificado la supresión de la clase de Segundo de Educación Infantil del Colegio Pureza de María Grao. El centro escolar ha emitido un comunicado en el que se muestra contrario a la resolución de las autoridades educativas que lidera el conseller, Vicent Marzà, y anuncian que seguirán con las movilizaciones después de haber recogido cinco mil firmas en contra de esta medida. A continuación, el comunicado íntegro que ha remitido el centro:

El pasado sábado 20 de mayo, por la resolución de conciertos educativos de la Comunidad Valenciana publicada en el DOCV, a Pureza de María Grao le suprimen definitvamente el concierto de una de sus aulas de 2º de Educación Infantil.

El centro recibió la notificación, a fecha de 2 de mayo, avisando de la supresión de una aula de 2º de E.I para el próximo curso 17/18 y otra de 3º de E.I para el siguiente curso 18/19. Desde ese momento padres, profesores y alumnos del centro comienzan a movilizarse para mostrar su desacuerdo ante esta medida. El colegio recibe cada año solicitudes suficientes para cubrir las plazas que oferta, llegando incluso a tener más solicitudes que plazas, es por este motivo que la comunidad educativa no comprende esta decisión de la Conselleria.
En primer lugar, los responsables del centro prepararon las alegaciones correspondientes para demostrar que cumplen con la legalidad vigente. A día de hoy todavía no han obtenido una respuesta oficial a estas alegaciones.
Durante las pasadas semanas los padres del centro prepararon una carta donde defendían su libertad de elección de centro escolar para sus hijos y pedían respuesta a esta decisión. Por su parte, algunos profesores también enviaron una carta expresando su discrepancia e impotencia frente a esta situación.

Los representantes del consejo escolar acudieron a la Conselleria de Educación para presentar un escrito pidiendo que se tuviera en cuenta la realidad del barrio y la labor social que este colegio realiza, a estapetición se sumaron algunas de las organizaciones sociales del barrio. Este escrito tenía como objetivo queD. Vicent Marzà les concediera una cita. Puesto que no se obtuvo respuesta la comunidad educativa decidió organizar una marcha por las calles del Cabanyal-Canyamelar, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de mayo y concluyó con la lectura de un manifiesto.
Hasta el momento han reunido más de cinco mil firmas en contra de la decisión, y continúan recogiendo,puesto que ya han comenzado las medidas legales oportunas para recurrir la resolución que consideran tan injusta.
También continuarán llevando a cabo diferentes acciones esperando ser escuchados.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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