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Educación inicia la recolocación de profesores de los centros privados-concertados

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha firmado la ratificación del acuerdo con las organizaciones empresariales FECEVAL y Educación y Gestión, así como con las organizaciones sindicales FSIE-CV, FETE-UGT, STEPV-IV y CCOO-PV, para la recolocación del profesorado de los centros privados-concertados afectado por la reducción de unidades o por la extinción del concierto en el centro donde ejerza su trabajo.

El preacuerdo se firmó el pasado mes de julio y con la firma de este lunes ha quedado ratificado y podrá ser aplicado en su totalidad, después de haber finalizado toda la tramitación administrativa. Por tanto, tiene vigencia para el curso 2016-2017 y se podrá prorrogar para cursos posteriores mientras las partes así lo decidan.

De esta manera, el profesorado de los centros concertados está cubierto por este acuerdo si se generan situaciones de reajustes. Por una parte, puede acogerse a la recolocación mediante una bolsa de trabajo, a la que recurrirán las organizaciones empresariales de la enseñanza privada-concertada para contratar personal; por otra, pueden optar por el despido con indemnización.

Todas las partes fomentarán la bolsa de trabajo para primar la primera opción de recolocación. Al respecto, se han pactado actuaciones que garantizan el acceso del profesorado a posibles nuevos puestos de trabajo, tanto en su centro de origen como en otros centros concertados.

Además, hay que recordar que continúa vigente la posibilidad de la inclusión voluntaria de los trabajadores y trabajadoras en la bolsa de interinos de la enseñanza pública, en los términos que establece esta bolsa.

El acuerdo cumple con el compromiso que tiene la Conselleria de Educación con el profesorado de los centros privados-concertados en que prima la recolocación y no el despido con indemnización.

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El Gobierno obligará a patinetes eléctricos a contratar un seguro a partir de esta fecha

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Seguro patinete eléctrico
En la imagen, una persona circula en un patinete bajo la lluvia en la ciudad de València. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de un patinete eléctrico. Además, se establecerá un registro para estos vehículos ligeros que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026.

Asimismo, se ampliará la definición de vehículo de motor para incluir una amplia gama de maquinaria, como la agrícola y la de construcción. Los propietarios de estos equipos deberán contratar un seguro obligatorio del automóvil, con el objetivo de facilitar la resolución de siniestros.

A partir de ahora, se considerarán vehículos a motor aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros por hora o que tengan un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.

MÁS DE 2 MILLONES DE MÁQUINAS ASEGURADAS Y 200 MILLONES DE EUROS

En total, más de dos millones de máquinas deberán asegurarse, lo que representará un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones repercutirán en los distribuidores, según la Fundación Inade.

El objetivo es «mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico», según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El Gobierno ha dado luz verde a la ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, colocando a España entre los países que han adoptado la última directiva europea aprobada en noviembre de 2021. Esta directiva aclara qué debe considerarse un vehículo a motor y el «hecho de la circulación».

EL SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS

Conforme a la jurisprudencia europea, el concepto de «hecho de la circulación» se amplía para incluir «toda utilización de un vehículo» en el momento del accidente, independientemente de sus características, el terreno y si el vehículo está parado o en movimiento.

La nueva legislación también introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de circulación, empleando un nuevo «baremo». Además, una comisión de expertos estudiará la conveniencia de un seguro obligatorio para los nuevos vehículos de movilidad personal.

El procedimiento para el cálculo y pago de indemnizaciones se agiliza, con el objetivo de lograr una resolución rápida sin necesidad de recurrir a los juzgados. Las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo.

INDEMNIZACIONES CUBIERTAS EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA ASEGURADORA

La directiva también ordena que un fondo de garantía en cada país cubra las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, tarea que en España corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros.

La norma introduce cambios en la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, mejorando las facultades de control para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen las aseguradoras y mediante la implementación de planes preventivos de recuperación.

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