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Educación no ve caso en la posible inconstitucionalidad del plurilingüismo

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(EFE).- La Conselleria de Educación asegura que «no hay caso» en la posibilidad planteada hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano de que el decreto de plurilingüismo de 2017 sea inconstitucional, pues su derogación está «en marcha» y en cuanto esta sea efectiva, «automáticamente decae la causa».

El TSJCV ha pedido a la Diputación de Alicante, a la fiscalía y a la Generalitat, entre otras partes, que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley 3/2017.

Según la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la norma cuestionada es el decreto ley 3/2017 del Consell, ya que su propio título y exposición de motivos «ponen de relieve que pretende poner en marcha» el sistema de educación plurilingüe previsto por otro decreto, el 9/2017, que está suspendido cautelarmente por el propio TSJ.

Esta misma Sala ya declaró por sentencia el pasado mes de julio la nulidad parcial del decreto 9/2017 por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano, tras estimar un recurso del sindicato CSIF.

Ante la medida planteada hoy por el TSJCV, la Conselleria ha asegurado que, como han dicho ya «desde hace semanas», el proceso para derogar el decreto de plurilingüismo de 2017 «está en marcha».

«En breve será efectiva la derogación. Por tanto, con ella, automáticamente decae la causa por la cual la Diputación de Alicante está personada y en consecuencia decae el caso», añaden desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

Por tanto, apuntan, «el decreto ley de septiembre no corre riesgo alguno. Conclusión: no hay caso»

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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