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Educación reducirá una treintena de conciertos de Primero de Bachillerato

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Así figura en la propuesta del conseller, Vicent Marzá. Y los centros pueden presentar todavía alegaciones para recuperar algunas de sus unidades. En esa propuesta de planificación de unidades concertadas para el curso 2017-2018, se eliminan 31 unidades educativas en 1º de Bachillerato. Así, se pasará de las 437 unidades actuales a las 406 que están previstas, según la propuesta. El objetivo, «revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos». La conselleria ha informado de este nuevo mapa a algunas de las asociaciones afectadas, pero está por conocerse el alcance total de la medida.

Eso no excluye que los alumnos que cursen segundo curso de bachiller no lo puedan hacer en el mismo centro. La propuesta del conseller especifica que éstos tienen garantiza la continuidad en el mismo centro en el que empezaron sus estudios, por lo que podrán finalizar sus estudios en las mismas condiciones que lo iniciaron.

Por contra, en cuanto a la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos, se refuerza el poder de los centros concertados que pasan de los 629 unidades actuales a 634, 5 más que ahora.

En cuanto a los centros educativos de Infantil y Primaria, con vista al próximo curso, dispondrán de 25 unidades educativas más. Por provincias, Alicante suma siete, Castelló seis y València, doce.

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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