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Educación reducirá una treintena de conciertos de Primero de Bachillerato

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Así figura en la propuesta del conseller, Vicent Marzá. Y los centros pueden presentar todavía alegaciones para recuperar algunas de sus unidades. En esa propuesta de planificación de unidades concertadas para el curso 2017-2018, se eliminan 31 unidades educativas en 1º de Bachillerato. Así, se pasará de las 437 unidades actuales a las 406 que están previstas, según la propuesta. El objetivo, «revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos». La conselleria ha informado de este nuevo mapa a algunas de las asociaciones afectadas, pero está por conocerse el alcance total de la medida.

Eso no excluye que los alumnos que cursen segundo curso de bachiller no lo puedan hacer en el mismo centro. La propuesta del conseller especifica que éstos tienen garantiza la continuidad en el mismo centro en el que empezaron sus estudios, por lo que podrán finalizar sus estudios en las mismas condiciones que lo iniciaron.

Por contra, en cuanto a la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos, se refuerza el poder de los centros concertados que pasan de los 629 unidades actuales a 634, 5 más que ahora.

En cuanto a los centros educativos de Infantil y Primaria, con vista al próximo curso, dispondrán de 25 unidades educativas más. Por provincias, Alicante suma siete, Castelló seis y València, doce.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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