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El 2020 cierra con 70.703 muertes más de la esperadas

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El PP lamenta la falta de previsión de Ribó y PSOE ante la falta de nichos en Benimamet

Madrid, 12 ene (EFE).- El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ha cifrado la sobremortalidad en España durante todo el 2020 en 70.703 fallecimientos más de los esperados, el 63 por ciento de ellos ocurridos entre marzo y mayo, coincidiendo con la primera ola de la pandemia, y el resto entre julio y diciembre.

Son dos los periodos de exceso de mortalidad detectados por este sistema, el primero el comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, cuando murieron 44.599 personas más de las que se preveían, lo que supone un exceso del 66,9 por ciento.

El segundo se extiende del 20 de julio al 20 de diciembre, en el que ese exceso se eleva a 26.104 decesos, un 16,6 % de más, de acuerdo con el último informe de fecha de 5 de enero.

Durante el primero fue mayor en mujeres (72 %) que en hombres (67 %), y se concentró especialmente en los mayores de 74 años (78 %), seguido del grupo de edad de 65 a 74 años (58 %).

Lo mismo ocurre en el segundo tramo: el exceso fue superior en ellas (21 %) que en ellos (19%) y se dio sobre todo entre mayores de 74 años (19%).

Una sobremortalidad que se ha observado en las 17 comunidades autónomas y en los grupos de edad de mayores de 74 y de entre 65 y 74.

El MoMo utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 93 por ciento de la población española y que incluye todas las provincias.

Las estimaciones de mortalidad esperada se calculan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada de los últimos 10 años.

Además, el Carlos III dispone de otra herramienta para medir el exceso de mortalidad específico del verano, el MoMo Calor, según el cual, en los meses estivales se ha registrado una sobremortalidad de 5.206 defunciones, de las que solo 1.875 son achacables a las altas temperaturas.

«En el contexto de la pandemia de COVID-19 es razonable suponer que el resto del exceso de mortalidad identificado por MoMoCalor podría atribuirse a causas diferentes del exceso de temperatura, como la infección directa por COVID-19, la mortalidad indirecta de la pandemia en sus aspectos sanitarios, sociales o de cualquier otra índole, así como a cualquier otra causa de defunción», precisa.

Los fallecimientos atribuibles al calor en 2020 suponen un exceso del 1,8 %, inferior al 2 % observado en 2019, al 2,3 % de 2016, al 2,7 % de 2015 y al 6,1 % de 2003.

Un 56% de los mismos se produjeron en el mes de agosto. Nueve de cada diez fueron personas de más de 74 años.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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