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El abandono educativo temprano se sitúa en el 20,2% en la Comunitat

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Alumnos valencianos examen valenciano o castellano

VALÈNCIA/MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – El abandono escolar temprano –jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene como máximo el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)– se situó en 2018 en la Comunitat Valenciana en el 20,2%, la cifra más baja de la última década y que supone una reducción de 12,4 puntos porcentuales en diez años, aunque sigue más de dos puntos por encima de la media nacional del 17,9%.

Así lo recogen los análisis elaborados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicadas este martes.

En la Comunitat, la novena región con la tasa más elevada, el 20,2% de abandono escolar del año pasado supone una reducción de una décima respecto a 2017 e iguala la cifra de 2016. Desde 2015 se ha reducido en 1,2 puntos en comparación al 21,4% que marcaba en el inicio del actual Gobierno autonómico.

Antes estaba en 23,4% (2014), 21,7% (2013), 25,9% (2012), 26,7% (2011), 28,4% (2010), 31,9% (2009) y 32,6% (2008), con lo que se ha reducido más de diez puntos en una década.

A nivel nacional, el abandono escolar temprano se situó en 2018 en el 17,9%, también la cifra más baja de la última década y 0,33 puntos menos respecto a 2017, y confirma el descenso progresivo de esta tasa desde 2008.

Según el estudio elaborado por el Ministerio, este descenso del abandono escolar temprano registrado en los últimos diez años se debe, principalmente, al incremento de la población que ha completado la segunda etapa de Educación Secundaria en España en este periodo (un aumento de 12,5 puntos porcentuales).

Por sexo, los datos reflejan en España que el 14% de las mujeres, de 18 a 24 años, han abandonado el sistema educativo de manera prematura en 2018, frente al 21,7% de los hombres, manteniéndose así las diferencias entre ambos sexos que se vienen registrando en los últimos años. Desde 2008, la tasa de abandono escolar ha descendido en 16,3 puntos porcentuales en el caso de los hombres y en 11,1 en el
de las mujeres.

Por comunidades autónomas, País Vasco (6,9%) y Cantabria (9,8%) son las que registran las tasas de abandono escolar más bajas de España. Por contra, Baleares (24,4%) y Región de Murcia (24,1%) son las que tienen un porcentaje más alto.

Asimismo, el análisis muestra que el 42,4% de la población entre 30 y 34 años ha alcanzado el nivel de Educación Superior (FP de Grado Superior o estudios universitarios), lo que supone el valor máximo de la serie histórica y continúa así por encima del punto de referencia europeo del 40% para el año 2020. Por sexos, del total de la población de mujeres, en este grupo de edad, el 48,6% ha alcanzado este nivel educativo, frente al 36,1% de los hombres.

Por otro lado, los datos reflejan que el indicador de formación permanente sigue mejorando. De esta forma, en 2018, el 10,5% de la población de 25 a 64 años ha seguido algún tipo de formación en el último mes. Esta cifra supone 0,6 puntos más que la registrada el año anterior. Las mujeres también lideran este índice, situándose en el 11,5%, dos puntos más que el dato de los hombres.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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