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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

València, 16 feb (OFFICIAL PRESS – EFE).- Uno de los abogados defensores en el caso Erial, donde está procesado Eduardo Zaplana, ha cuestionado al magistrado  de la Audiencia de Valencia que ha sido designado para redactar la sentencia.  El abogado de Zaplana le denunció por un supuesto delito de cohecho en 1996, en un proceso que finalmente fue archivado.

El abogado de Zaplana cuestiona al juez

Según han informado a EFE fuentes judiciales conocedoras de este hecho, el penalista valenciano Vicente Grima ha remitido un escrito  para preguntar si es correcta la designación como ponente del magistrado José Manuel Megía Carmona, al que denunció.

El motivo de la denuncia

El motivo de la denuncia fue que el letrado aseguraba que había sido presionado para que aceptase dinero a cambio de una rebaja de pena para uno de sus defendidos, en palabras de una persona que hablaba en nombre del juez.  La investigación por este supuesto delito de cohecho fue dirigida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana pero finalmente se archivó por falta de indicios.

En el escrito remitido a la Sala, el letrado hace referencia a los «antecedentes de abstención» de este magistrado en asuntos en los que él intervenía. Este  motivo hace que se pregunte si su reciente designación en la causa contra Zaplana -en la que Grima defiende a un empresario, sobrino de Juan Cotino- se debe a un error.

En una diligencia de ordenación, la secretaría de la Sala ha respondido al letrado que la designación de Megía que  se ha producido dentro del reparto de causas especiales -o complejas- ya previsto.

¿Qué pasará ahora?

Por tanto, las mismas fuentes han explicado que ahora se abren varios escenarios, que pasan por la abstención voluntaria de esta magistrado y su sustitución por otro de la misma Sección, o bien que el abogado denunciante plantee su inadmisión.

Cabría  la posibilidad de el abogado se jubilase antes de que llegue a celebrarse el juicio, puesto que las fuentes consultadas han explicado que apenas le falta un mes para cumplir 70 años. Podría solicitar una prórroga hasta los 72, edad en la que la jubilación se ha de adoptar de forma forzosa.

 

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Koldo García llega al Tribunal Supremo tras el informe que lo señala como gestor de los fondos de Ábalos

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo (TS) tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo identifica como “gestor y custodio” de los fondos opacos vinculados al exministro socialista.

El documento de la UCO apunta a García como responsable de la gestión y administración de los recursos económicos presuntamente irregulares relacionados con contratos investigados durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Investigación en marcha

La citación de García se enmarca en la investigación judicial por presunta corrupción y malversación de fondos públicos, un proceso que también afecta a varios empresarios y colaboradores cercanos a Ábalos.

La llegada del exasesor al Supremo se produce pocos días después de que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, solicitaran el ingreso en prisión provisional de Ábalos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido mantener las medidas cautelares vigentes: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia.

Contexto del caso Ábalos

Koldo García fue uno de los colaboradores más cercanos del exministro durante su etapa en el Gobierno. Ya había sido investigado en el marco de la conocida “trama Koldo”, relacionada con contratos presuntamente irregulares en la compra de material sanitario durante la pandemia.

El nuevo informe de la Guardia Civil refuerza la tesis de que García habría actuado como intermediario clave en la gestión económica de los fondos bajo investigación, lo que podría suponer un giro relevante en el caso.

 

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