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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

València, 16 feb (OFFICIAL PRESS – EFE).- Uno de los abogados defensores en el caso Erial, donde está procesado Eduardo Zaplana, ha cuestionado al magistrado  de la Audiencia de Valencia que ha sido designado para redactar la sentencia.  El abogado de Zaplana le denunció por un supuesto delito de cohecho en 1996, en un proceso que finalmente fue archivado.

El abogado de Zaplana cuestiona al juez

Según han informado a EFE fuentes judiciales conocedoras de este hecho, el penalista valenciano Vicente Grima ha remitido un escrito  para preguntar si es correcta la designación como ponente del magistrado José Manuel Megía Carmona, al que denunció.

El motivo de la denuncia

El motivo de la denuncia fue que el letrado aseguraba que había sido presionado para que aceptase dinero a cambio de una rebaja de pena para uno de sus defendidos, en palabras de una persona que hablaba en nombre del juez.  La investigación por este supuesto delito de cohecho fue dirigida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana pero finalmente se archivó por falta de indicios.

En el escrito remitido a la Sala, el letrado hace referencia a los «antecedentes de abstención» de este magistrado en asuntos en los que él intervenía. Este  motivo hace que se pregunte si su reciente designación en la causa contra Zaplana -en la que Grima defiende a un empresario, sobrino de Juan Cotino- se debe a un error.

En una diligencia de ordenación, la secretaría de la Sala ha respondido al letrado que la designación de Megía que  se ha producido dentro del reparto de causas especiales -o complejas- ya previsto.

¿Qué pasará ahora?

Por tanto, las mismas fuentes han explicado que ahora se abren varios escenarios, que pasan por la abstención voluntaria de esta magistrado y su sustitución por otro de la misma Sección, o bien que el abogado denunciante plantee su inadmisión.

Cabría  la posibilidad de el abogado se jubilase antes de que llegue a celebrarse el juicio, puesto que las fuentes consultadas han explicado que apenas le falta un mes para cumplir 70 años. Podría solicitar una prórroga hasta los 72, edad en la que la jubilación se ha de adoptar de forma forzosa.

 

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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