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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

València, 16 feb (OFFICIAL PRESS – EFE).- Uno de los abogados defensores en el caso Erial, donde está procesado Eduardo Zaplana, ha cuestionado al magistrado  de la Audiencia de Valencia que ha sido designado para redactar la sentencia.  El abogado de Zaplana le denunció por un supuesto delito de cohecho en 1996, en un proceso que finalmente fue archivado.

El abogado de Zaplana cuestiona al juez

Según han informado a EFE fuentes judiciales conocedoras de este hecho, el penalista valenciano Vicente Grima ha remitido un escrito  para preguntar si es correcta la designación como ponente del magistrado José Manuel Megía Carmona, al que denunció.

El motivo de la denuncia

El motivo de la denuncia fue que el letrado aseguraba que había sido presionado para que aceptase dinero a cambio de una rebaja de pena para uno de sus defendidos, en palabras de una persona que hablaba en nombre del juez.  La investigación por este supuesto delito de cohecho fue dirigida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana pero finalmente se archivó por falta de indicios.

En el escrito remitido a la Sala, el letrado hace referencia a los «antecedentes de abstención» de este magistrado en asuntos en los que él intervenía. Este  motivo hace que se pregunte si su reciente designación en la causa contra Zaplana -en la que Grima defiende a un empresario, sobrino de Juan Cotino- se debe a un error.

En una diligencia de ordenación, la secretaría de la Sala ha respondido al letrado que la designación de Megía que  se ha producido dentro del reparto de causas especiales -o complejas- ya previsto.

¿Qué pasará ahora?

Por tanto, las mismas fuentes han explicado que ahora se abren varios escenarios, que pasan por la abstención voluntaria de esta magistrado y su sustitución por otro de la misma Sección, o bien que el abogado denunciante plantee su inadmisión.

Cabría  la posibilidad de el abogado se jubilase antes de que llegue a celebrarse el juicio, puesto que las fuentes consultadas han explicado que apenas le falta un mes para cumplir 70 años. Podría solicitar una prórroga hasta los 72, edad en la que la jubilación se ha de adoptar de forma forzosa.

 

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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