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Compromís pide prohibir la venta de viviendas a extranjeros durante tres años

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El senador de Més Compromís Carles Mulet en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca/Archivo
Madrid, 2 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- Compromís ha registrado una enmienda a la Ley de Vivienda en el Senado por la que propone prohibir la venta de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con la medida implementada en Canadá.

En un comunicado, Compromís especifica que la propuesta pretende evitar la especulación y, para ello, reclama una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a la venta de inmuebles a personas físicas o jurídicas que no cuenten con nacionalidad española desde un año antes de la operación.

De esta prohibición estarían exentos los extranjeros con permiso de trabajo en España desde al menos tres años antes, exiliados o refugiados y ciudadanos con estatus de residente temporal válido desde al menos cinco meses antes, todos ellos en el caso de que no hayan comprado otra vivienda, así como a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de los inmuebles.

El senador de Compromís Carles Mulet señala en el comunicado que la Ley de vivienda supone un avance, pero a su juicio necesita reforzar el control de los «fondos buitres», la especulación o los apartamentos turísticos.

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado 27 de abril en el Congreso y actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Senado, que se encuentra abierto hasta el 4 de mayo para la recepción de propuestas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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