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Compromís pide prohibir la venta de viviendas a extranjeros durante tres años

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El senador de Més Compromís Carles Mulet en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca/Archivo
Madrid, 2 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- Compromís ha registrado una enmienda a la Ley de Vivienda en el Senado por la que propone prohibir la venta de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con la medida implementada en Canadá.

En un comunicado, Compromís especifica que la propuesta pretende evitar la especulación y, para ello, reclama una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a la venta de inmuebles a personas físicas o jurídicas que no cuenten con nacionalidad española desde un año antes de la operación.

De esta prohibición estarían exentos los extranjeros con permiso de trabajo en España desde al menos tres años antes, exiliados o refugiados y ciudadanos con estatus de residente temporal válido desde al menos cinco meses antes, todos ellos en el caso de que no hayan comprado otra vivienda, así como a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de los inmuebles.

El senador de Compromís Carles Mulet señala en el comunicado que la Ley de vivienda supone un avance, pero a su juicio necesita reforzar el control de los «fondos buitres», la especulación o los apartamentos turísticos.

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado 27 de abril en el Congreso y actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Senado, que se encuentra abierto hasta el 4 de mayo para la recepción de propuestas.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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