Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

El Consell negociará la reversión anticipada del hospital de La Marina antes de verano

Publicado

en

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell iniciará en las próximas semanas, «antes del verano», el proceso de negociación con la empresa concesionaria del hospital de La Marina para resolver su contrato de forma anticipada.

Así lo ha explicado el jefe del Consell en la sesión de control de Les Corts, donde ha informado de que la Generalitat rescatará las concesiones sanitarias «a medida que vayan venciendo» o se den determinadas situaciones que aconsejen una resolución adelantada como en el caso del hospital de Dénia, cuya concesión finaliza en el 2024.

Durante la sesión plenaria, el President también se ha referido a la incorporación a la gestión pública del hospital de La Ribera el pasado 1 de abril, donde, ha asegurado, se ha «recuperado la gestión del departamento, pero sobre todo el valor de la credibilidad en la política».

«La reversión del departamento de salud de La Ribera -ha continuado Puig- solo responde a una razón fundamental: queremos una sanidad mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas: una sanidad que no este vinculada a un modelo de negocio ni que dependa de la rentabilidad o no de las empresas».

Así, el president ha abogado por «una sanidad que tenga una gestión controlada siempre por los poderes públicos y que disponga de los recursos necesarios, gestionados de una manera eficiente y transparente» y, en suma, «una sanidad donde el único criterio posible sea la calidad de la atención».

Además, y respecto a la reversión, Puig ha agradecido a los alcaldes de las comarcas afectadas su labor para conseguir una transición «tranquila, serena y compartida», así como «a quienes han trabajado desde el diálogo para que los 250.000 ciudadanos de estas comarcas hayan vivido el proceso con normalidad».

El president, quien ha defendido que estos procesos de transición se deben llevar a cabo «con seguridad jurídica, pensando en el interés de los pacientes y con racionalidad», también ha explicado que «se ha diseñado un plan Ribera con una inversión de 7,8 millones para el 2018-1019 para aumentar las prestaciones, dignificar los edificios y, donde sea necesario, aumentar los puestos de trabajo».

De este modo, el jefe del Consell ha señalado que el Consell está siguiendo «la hoja de ruta del Botànic», donde se indica, según ha remarcado, que «ante la enfermedad, todos y todas debemos de tener las mismas oportunidades».

Así, ha recordado otras medidas implantadas durante la presente legislatura, como es el caso de la universalización de la sanidad, la eliminación de los copagos o la revisión de las cuentas de las concesiones.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
A preguntas de los grupos parlamentarios, el jefe del Ejecutivo valenciano también se ha referido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Unas cuentas públicas que, ha lamentado, «continúan marginando a los valencianos y valencianas».

Además, el president se ha referido a los 200 millones para la lucha contra la violencia de género a los que el Gobierno central se comprometió y que, como ha explicado Puig, no se recogen en los presupuestos de 2018. Aún así, el president ha asegurado que «la Generalitat cumplirá con el pacto».

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

Publicado

en

precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo