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El Consell negociará la reversión anticipada del hospital de La Marina antes de verano

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell iniciará en las próximas semanas, «antes del verano», el proceso de negociación con la empresa concesionaria del hospital de La Marina para resolver su contrato de forma anticipada.

Así lo ha explicado el jefe del Consell en la sesión de control de Les Corts, donde ha informado de que la Generalitat rescatará las concesiones sanitarias «a medida que vayan venciendo» o se den determinadas situaciones que aconsejen una resolución adelantada como en el caso del hospital de Dénia, cuya concesión finaliza en el 2024.

Durante la sesión plenaria, el President también se ha referido a la incorporación a la gestión pública del hospital de La Ribera el pasado 1 de abril, donde, ha asegurado, se ha «recuperado la gestión del departamento, pero sobre todo el valor de la credibilidad en la política».

«La reversión del departamento de salud de La Ribera -ha continuado Puig- solo responde a una razón fundamental: queremos una sanidad mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas: una sanidad que no este vinculada a un modelo de negocio ni que dependa de la rentabilidad o no de las empresas».

Así, el president ha abogado por «una sanidad que tenga una gestión controlada siempre por los poderes públicos y que disponga de los recursos necesarios, gestionados de una manera eficiente y transparente» y, en suma, «una sanidad donde el único criterio posible sea la calidad de la atención».

Además, y respecto a la reversión, Puig ha agradecido a los alcaldes de las comarcas afectadas su labor para conseguir una transición «tranquila, serena y compartida», así como «a quienes han trabajado desde el diálogo para que los 250.000 ciudadanos de estas comarcas hayan vivido el proceso con normalidad».

El president, quien ha defendido que estos procesos de transición se deben llevar a cabo «con seguridad jurídica, pensando en el interés de los pacientes y con racionalidad», también ha explicado que «se ha diseñado un plan Ribera con una inversión de 7,8 millones para el 2018-1019 para aumentar las prestaciones, dignificar los edificios y, donde sea necesario, aumentar los puestos de trabajo».

De este modo, el jefe del Consell ha señalado que el Consell está siguiendo «la hoja de ruta del Botànic», donde se indica, según ha remarcado, que «ante la enfermedad, todos y todas debemos de tener las mismas oportunidades».

Así, ha recordado otras medidas implantadas durante la presente legislatura, como es el caso de la universalización de la sanidad, la eliminación de los copagos o la revisión de las cuentas de las concesiones.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
A preguntas de los grupos parlamentarios, el jefe del Ejecutivo valenciano también se ha referido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Unas cuentas públicas que, ha lamentado, «continúan marginando a los valencianos y valencianas».

Además, el president se ha referido a los 200 millones para la lucha contra la violencia de género a los que el Gobierno central se comprometió y que, como ha explicado Puig, no se recogen en los presupuestos de 2018. Aún así, el president ha asegurado que «la Generalitat cumplirá con el pacto».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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