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El drama de las residencias: 20.268 muertos en la primera ola
Publicado
hace 5 añosen
(EFE).- Las residencias de mayores y de personas con discapacidad sufrieron en la primera ola de la pandemia una «tormenta perfecta»: se registraron en ellas 10.364 fallecimientos con prueba positiva de covid-19 y 9.904 con «síntomas compatibles».
El informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de Servicios y Asuntos Sociales de las comunidades autónomas, presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial, analiza las causas que confluyeron para que se registrara esa alta mortalidad en las residencias, desde las características propias de los residentes a la falta crónica de personal.
En el extenso estudio, al que ha tenido acceso Efe, se estima como «plausible» que entre el 47 y el 50 % de las muertes de la primera ola tuvieron lugar en las residencias, lo que, en principio, situaría a España en unos parámetros intermedios en el contexto internacional.
Es un porcentaje similar al del Reino unido (45 %), Francia (46 %), Suecia (46 %), Escocia (47 %) o Irlanda del Norte (49 %); sensiblemente por debajo del de Bélgica (61 %), Australia (75 %), Canadá (80 %) o Eslovenia (81 %); y por encima del registrado en Dinamarca (35 %), Austria (36 %), Israel (39 %) o Alemania (39 %).
En la primera oleada (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo), el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de fallecimientos en España por todas las causas de 44.593 personas (un 66,9 %), con especial peso en los mayores de 75 años (un incremento del 77,9 %).
En el inicio de esta segunda ola (entre el 10 de julio y el 29 de octubre), el exceso de mortalidad entre los mayores de 74 años fue de 12.391, un incremento del 16 %, es decir, casi cinco veces menor que en la fase inicial, descenso que el informe atribuye tanto al mayor conocimiento del virus como a la mayor conciencia de los riesgos y a las medidas adoptadas en las residencias.
En el estudio se identifican una treintena de factores que interactuaron en lo que puede calificarse como una “tormenta perfecta», empezando por la alta contagiosidad de la enfermedad y más en alojamientos colectivos en los que se comparten espacios, y el «lógico desconocimiento» sobre muchos aspectos de la covid-19, como la capacidad de que sujetos asintomáticos contagiaran.
Según este análisis, cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas o salidas en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios), el patógeno ya se había introducido en muchos centros, sobre todo en los territorios en los que la incidencia de la infección era mayor.
Se sabe ahora, añade, que el 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos positivos, de los cuales más del 40 % se localizaban en Madrid.
Entre las lecciones aprendidas se destaca, por ejemplo, la importancia de realizar «barridos» con test de antígenos a residentes y trabajadores o con test PCR al personal de nuevo ingreso.
La edad y la presencia de otras enfermedades también abundaron en una mayor letalidad en las residencias, donde, se recuerda, se afrontan «riesgos inevitables» porque muchas veces los cuidados exigen contactos estrechos y continuados.
Sobre las medidas de aislamiento aplicadas se incluye un toque de atención: no siempre tuvieron en cuenta que, aunque la prioridad es evitar contagios y salvar vidas, los confinamientos pueden provocar también «efectos graves» en la salud de las personas, más allá del riesgo de la covid-19″.
Los aislamientos, la pérdida de rutinas y de actividad física deben mantenerse «solo por el tiempo estrictamente necesario».
La mayoría de los países estableció restricción de visitas, pero -se destaca en el informe- esta política por sí sola no ha protegido a las residencias de las infecciones y se está considerando cada vez más «cómo hacer que las visitas sean más seguras, reconociendo su impacto en el bienestar de las personas».
El documento analiza las características y su influencia en la expansión del virus y reconoce, entre otros factores, que hubo «escasez, cuando no ausencia, de equipos de protección individual adecuados entre marzo y mediados de abril».
Pero no fue el único factor, dado que también influyó la propia configuración de las residencias, con múltiples zonas de uso compartido, con frecuentes problemas de ventilación y dificultades arquitectónicas para sectorizar, separar la circulación de los usuarios y trabajadores y aislar a los residentes.
A falta de estudios sólidos que lo demuestren, se apunta que en los centros más grandes hubo mayor diseminación del virus y que en muchos de ellos, una vez que se tomaron medidas de «cierre» o confinamiento, se mantuvo la transmisión entre los residentes, llegando a infectar al 70 % de los internos en muchos casos, con letalidades que se podían elevar fácilmente por encima del 20 %.
Los estudios muestran que cada brote en una residencia afectó a 17 personas, si bien en el estudio realizado en octubre esa cifra descendió a 12 gracias a las medidas adoptadas.
El informe pone también de manifiesto la inexistencia de planes de contingencia ante una pandemia en las residencias, unos «ratios insuficientes» de personal, con bajos salarios, y, en muchos casos, escasez de profesionales sanitarios o con suficiente formación.
«En ocasiones, se puso en riesgo la continuidad de los cuidados por colapso funcional debido al gran número de bajas del personal», se contrató por razones de urgencia a personas sin experiencia y se usaron de forma inadecuada equipos de protección individual.
Se denuncia asimismo en el estudio la existencia de casos de discriminación hacia la población mayor (edadismo) o con discapacidad: se autorizaban horarios de paseo para las personas mayores mientras se prohibían las salidas y entradas a las residencias, o en situaciones de aislamiento con personas con deterioro cognitivo «se pudieron adoptar medidas de contención no plausibles éticamente».
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La Guardia Civil confirma la rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta en Adif
Publicado
hace 8 horasen
8 abril, 2026
Apunta que Adif «no exigió» que el sistema alertara de una rotura de la vía pese a que en sus especificaciones lo recoge
Un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.
A la vista de este informe, queda como «línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente».
En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que «el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ‘ocupación'», de modo que «en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento» de Adif.
En conclusión, se apunta que «el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria», a lo que se añade que «Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió».
Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello «a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi», que se encarga del sistema de señalización.
En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi «se observan una serie de diagramas» en los que «se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión» del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 «se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero».
Así, «se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero».
Además, se señala que «según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril» mediante los sistemas de señalización instalados, «aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía».
En base a la manifestación de la responsable del sistema –empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, «era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura».
«NO ES HABITUAL» LA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE FORMA SOSTENIDA
Igualmente, se declara que ante la variación de la tensión de forma sostenida a lo largo del tiempo, desde las 21,46 horas del día 17 de enero hasta el cero de las 19,43 horas del día 18, «se comprueba que no es habitual durante la serie estudiada», en el período que abarca desde el día 12 de enero.
En este caso, se explica que «estas caídas de tensión se recogen en el SAM que se encuentra ubicado en la Base de Mantenimiento de Hornachuelos, que sólo se consulta por averías notificadas o por tareas de mantenimiento».
No obstante, la Guardia Civil afirma que «habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias, puesto que una de ellas es la rotura del raíl, tal y como se reconoce en la manifestación, especialmente porque según las propias especificaciones de Adif, en el diseño del sistema debe establecerse la capacidad de poder detectar la rotura del carril y habiendo sido ya advertido en el memorando de la catenaria de 25KV, redactado para el trazado AVE en el año 1992».
En dicho memorando se advierte, refiriéndose al Sistema de Corriente y retorno y de puesta a tierra, que «el equipo de señalización de libre vía requiere que el número de las conexiones entre rieles y sistema de retorno sea mínimo, a fin de poder detectar la rotura de un riel». Y posteriormente se dice que «la puesta a tierra de los postes debe ser coordinada con la técnica de señalización para la detección de posibles roturas en los raíles».
LA CAUSA
En cuanto al hecho de determinar la causa o causas que dieron lugar al accidente de circulación ferroviaria, el Instituto Armado asevera que «esta cuestión sigue aún sin poder resolverse, en tanto en cuanto no se finalicen otras actuaciones de investigación como es la Inspección Técnico Ocular, además de contar con los resultados de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios e informes periciales solicitados».
No obstante, y al objeto de aclarar las distintas líneas de investigación que se siguen por esta instrucción, se explica el estado actual de cada una de ellas y las gestiones pendientes de resolverse para confirmar o descartar cada una de ellas.
De este modo, se expone que «teniendo en cuenta que se produjo la rotura de un riel (hilo) o de la soldadura y con los datos recabados hasta la fecha, no es posible determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, se investigan distintas causas».
Ante ello, se han tomado 19 manifestaciones a maquinistas de las empresas Ouigo, Iryo y Renfe, que circularon el mismo día del accidente por ese tramo, de forma que «salvo una manifestación que informa de un golpe en lado derecho, el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña».
Respecto a la causa del accidente, se significa que «la CIAF llevó a cabo inspecciones, con la finalidad de comprobar la rodadura de los trenes que circularon con anterioridad por el tramo en el que se produjo el descarrilamiento, dando como resultado que en varios de los trenes se apreciaron muescas compatibles con una rotura de raíl».
Una de las causas del descarrilamiento del tren Iryo, con la información disponible a la fecha de redacción del informe, «pudo ser la rotura del riel, marcado con la inscripción ‘Ensidesa’ del año 2023, acero de grado R350HT, del carril sentido Madrid y que se corresponde con el lote 4D2062, que son los carriles nuevos instalados en el entorno de Adamuz», a lo que se añade que «la rotura de un riel puede producirse por diversas causas técnicas, operativas y metalúrgicas que van desde el proceso de fabricación hasta el desgaste por el uso continuado».
Entretanto, en el informe se afirma que los agentes actualmente analizan las imágenes de las cámaras de los dos trenes, «por si pudieran aportar más información relativa al momento de la colisión».
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