(EFE).- Las residencias de mayores y de personas con discapacidad sufrieron en la primera ola de la pandemia una «tormenta perfecta»: se registraron en ellas 10.364 fallecimientos con prueba positiva de covid-19 y 9.904 con «síntomas compatibles».

El informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de Servicios y Asuntos Sociales de las comunidades autónomas, presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial, analiza las causas que confluyeron para que se registrara esa alta mortalidad en las residencias, desde las características propias de los residentes a la falta crónica de personal.

En el extenso estudio, al que ha tenido acceso Efe, se estima como «plausible» que entre el 47 y el 50 % de las muertes de la primera ola tuvieron lugar en las residencias, lo que, en principio, situaría a España en unos parámetros intermedios en el contexto internacional.

Es un porcentaje similar al del Reino unido (45 %), Francia (46 %), Suecia (46 %), Escocia (47 %) o Irlanda del Norte (49 %); sensiblemente por debajo del de Bélgica (61 %), Australia (75 %), Canadá (80 %) o Eslovenia (81 %); y por encima del registrado en Dinamarca (35 %), Austria (36 %), Israel (39 %) o Alemania (39 %).

En la primera oleada (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo), el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de fallecimientos en España por todas las causas de 44.593 personas (un 66,9 %), con especial peso en los mayores de 75 años (un incremento del 77,9 %).

En el inicio de esta segunda ola (entre el 10 de julio y el 29 de octubre), el exceso de mortalidad entre los mayores de 74 años fue de 12.391, un incremento del 16 %, es decir, casi cinco veces menor que en la fase inicial, descenso que el informe atribuye tanto al mayor conocimiento del virus como a la mayor conciencia de los riesgos y a las medidas adoptadas en las residencias.

En el estudio se identifican una treintena de factores que interactuaron en lo que puede calificarse como una “tormenta perfecta», empezando por la alta contagiosidad de la enfermedad y más en alojamientos colectivos en los que se comparten espacios, y el «lógico desconocimiento» sobre muchos aspectos de la covid-19, como la capacidad de que sujetos asintomáticos contagiaran.

Según este análisis, cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas o salidas en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios), el patógeno ya se había introducido en muchos centros, sobre todo en los territorios en los que la incidencia de la infección era mayor.

Se sabe ahora, añade, que el 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos positivos, de los cuales más del 40 % se localizaban en Madrid.

Entre las lecciones aprendidas se destaca, por ejemplo, la importancia de realizar «barridos» con test de antígenos a residentes y trabajadores o con test PCR al personal de nuevo ingreso.

La edad y la presencia de otras enfermedades también abundaron en una mayor letalidad en las residencias, donde, se recuerda, se afrontan «riesgos inevitables» porque muchas veces los cuidados exigen contactos estrechos y continuados.

Sobre las medidas de aislamiento aplicadas se incluye un toque de atención: no siempre tuvieron en cuenta que, aunque la prioridad es evitar contagios y salvar vidas, los confinamientos pueden provocar también «efectos graves» en la salud de las personas, más allá del riesgo de la covid-19″.

Los aislamientos, la pérdida de rutinas y de actividad física deben mantenerse «solo por el tiempo estrictamente necesario».

La mayoría de los países estableció restricción de visitas, pero -se destaca en el informe- esta política por sí sola no ha protegido a las residencias de las infecciones y se está considerando cada vez más «cómo hacer que las visitas sean más seguras, reconociendo su impacto en el bienestar de las personas».

El documento analiza las características y su influencia en la expansión del virus y reconoce, entre otros factores, que hubo «escasez, cuando no ausencia, de equipos de protección individual adecuados entre marzo y mediados de abril».

Pero no fue el único factor, dado que también influyó la propia configuración de las residencias, con múltiples zonas de uso compartido, con frecuentes problemas de ventilación y dificultades arquitectónicas para sectorizar, separar la circulación de los usuarios y trabajadores y aislar a los residentes.

A falta de estudios sólidos que lo demuestren, se apunta que en los centros más grandes hubo mayor diseminación del virus y que en muchos de ellos, una vez que se tomaron medidas de «cierre» o confinamiento, se mantuvo la transmisión entre los residentes, llegando a infectar al 70 % de los internos en muchos casos, con letalidades que se podían elevar fácilmente por encima del 20 %.

Los estudios muestran que cada brote en una residencia afectó a 17 personas, si bien en el estudio realizado en octubre esa cifra descendió a 12 gracias a las medidas adoptadas.

El informe pone también de manifiesto la inexistencia de planes de contingencia ante una pandemia en las residencias, unos «ratios insuficientes» de personal, con bajos salarios, y, en muchos casos, escasez de profesionales sanitarios o con suficiente formación.

«En ocasiones, se puso en riesgo la continuidad de los cuidados por colapso funcional debido al gran número de bajas del personal», se contrató por razones de urgencia a personas sin experiencia y se usaron de forma inadecuada equipos de protección individual.

Se denuncia asimismo en el estudio la existencia de casos de discriminación hacia la población mayor (edadismo) o con discapacidad: se autorizaban horarios de paseo para las personas mayores mientras se prohibían las salidas y entradas a las residencias, o en situaciones de aislamiento con personas con deterioro cognitivo «se pudieron adoptar medidas de contención no plausibles éticamente».