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El gobierno de Diputación acuerda un «cierre ordenado» de Divalterra y respaldará a Gaspar como nuevo presidente

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VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, presidido en funciones por Maria Josep Amigó (Compromís) tras la dimisión del socialista Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, ha acordado llevar a cabo un «cierre ordenado» de la empresa pública Divalterra. Asimismo, ha manifestado su decisión de respaldar al candidato socialista y diputado provincial de Hacienda, Toni Gaspar, como nuevo presidente de la institución provincial.

Estas medidas se han planteado este lunes en la reunión mantenida por el equipo de gobierno que conforman PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú con el fin de abordar cuestiones tras la renuncia de Rodríguez como presidente tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en Divalterra.

Así lo ha indicado tras el encuentro Maria Josep Amigó, que ha destacado que el «cierre ordenado» de esta empresa pública, para el que no ha concretado fecha, se abordará «con todas las garantías jurídicas que hagan falta y los informes necesarios».

La presidenta en funciones ha comentado que la idea es ir vaciando de competencias Divalterra en favor de la corporación provincial o de otras administraciones como la Generalitat. Amigó ha comentado que el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia tenía «desde hace tiempo» marcada «la hoja de ruta» para «ir vaciando de competencias» esta empresa pública. «Esto ya estaba en nuestra hoja de ruta desde hace tiempo. No es una cuestión que nos planteemos ahora de nuevas», ha declarado.

Igualmente, preguntada por el futuro del personal de administración de Divalterra, Amigó ha repetido que se tendrá que contar con un «estudio jurídico y técnico para ver cómo se puede hacer» el traspaso de los trabajadores. «Por eso hablamos de un cierre ordenado. No podemos ir a las bravas. Estamos hablando de muchas personas, más de 600 no solo brigadistas, y es necesario estudiar jurídica y técnicamente cómo se puede hacer», ha planteado.

Por otro lado, respecto al momento en el que podría hacerse efectivo el cierre de la empresa pública, la también vicepresidenta primera de la institución provincial ha asegurado que no se pueden «marcar plazos» y ha aludido de nuevo a los informes técnicos y jurídicos que se deben emitir.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
«Dependerá de lo que jurídicamente podemos hacer. Necesitamos informes técnicos y jurídicos que nos digan de qué manera se podrá hacer el vaciado, siempre ordenado, de las competencias de Divalterra», ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que en este proceso, «por supuesto, nunca se vulnerarán los derechos de los trabajadores y trabajadoras».

Amigó ha enviado, de este modo, un «mensaje de tranquilidad» a los empleados de la empresa pública y ha insistido en que «sus derechos nunca serán vulnerados». «Están por encima de cualquier cosa», ha afirmado Maria Josep Amigó. «Todos tenemos claro que la responsabilidad es importante. Hay muchos trabajadores. No podemos decir fechas ni decir lo vamos a hacer en uno o dos meses», ha dicho.

En este punto, preguntada por si los brigadistas de Divalterra seguirán dependiendo de la Diputación o de otra administración, ha señalado que «la cuestión es mirar si técnicamente podrán ser brigadistas de la Diputación, que será la primera finalidad» y «si no, ver si pueden transferirse las tareas que hacen los brigadistas a la Generalitat o a otras administraciones».

CESES EN DIVALTERRA
Maria Josep Amigó ha añadido que en el consejo de administración que está previsto que Divalterra celebre en breve, se producirá «el cese de los cogerentes y del secretario» de este órgano –Agustina Brines (ya cesada por Compromís), Xavier Simó y Jorge Cuerda, respectivamente–, igualmente detenidos en la operación Alquería. «Cesarán todos en el próximo consejo de administración, tanto los cogerente como el secretario del consejo de administración», ha dicho.

En cuanto al futuro de los asesores de Jorge Rodríguez también detenidos en la citada operación –Ricard Gallego y Manuel Reguart–, Amigó ha apuntado que «también cesarán» al cambiar el presidente de la institución provincial. «Cambiará el presidente y cuando se tome en consideración su renuncia, cesarán todos los asesores. Los suyos no serán renovados», ha declarado.

«APOYAREMOS AL CANDIDATO DEL PSOE»
Por otro lado, respecto a la elección del nuevo presidente de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó ha avanzado que el equipo de gobierno respaldará a Toni Gaspar, también alcalde de Faura (Valencia). De este modo, como ha explicado, ninguno de los otros tres grupos que integran el ejecutivo de esta institución presentará candidato a la presidencia.

Esta es la misma postura que se mantuvo al inicio de la legislatura, en 2015, cuando las cuatro formación que conforman el gobierno provincial –PSPV, Compromís, EU y València en Comú– apoyaron al candidato socialistas, entonces Jorge Rodríguez.

«El resto de miembros del equipo de gobierno no presentaremos candidato y apoyaremos al candidato del PSOE, que es Toni Gaspar», ha señalado Amigó, que ha indicado que este ha manifestado en la reunión de este lunes «su voluntad de presentarse como candidato a la presidencia» de la Diputación.

FECHAS EN LA JUNTA DE PORTAVOCES
La presidenta en funciones ha comentado, respecto a las fechas en las que se celebrará el pleno para ratificar la renuncia de Rodríguez y las reuniones pendientes en Divalterra, entre ellas el Consejo de Administración, que estas se cerrarán este martes en la Junta de Portavoces de la corporación provincial. «Mañana en la Junta de Portavoces cerraremos todas las fechas», ha aseverado.

La Diputación debe llevar a cabo otros dos plenos, el que servirá para que tome posesión la persona que sustituirá a Rodríguez como diputado provincial y el de elección del nuevo presidente. Amigó ha afirmado que se intentará «entre esta semana y la que viene hacer todos los plenos pendientes» y cumplir de este modo los plazos marcados.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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