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El Gobierno no descarta adelantar el toque de queda pero sin un confinamiento total

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Madrid, 16 ene (EFE).- El Gobierno ha abierto la puerta a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado actualmente en el decreto del estado de alarma con restricciones de movilidad nocturna entre las 22.00 y las 7.00 horas, aunque descarta el confinamiento domiciliario para doblegar la tercera ola de covid-19.

Lo ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa ofrecida este sábado desde Barcelona en la que ha analizado la evolución de la pandemia, que ayer viernes rebasó las 40.000 infecciones en solo un día, una cifra, de nuevo, sin precedentes.

Unos datos «muy preocupantes», según el ministro, que se ha mostrado partidario de adoptar «cualquier medida que sea eficaz» para doblegar la tercera ola de la pandemia, si bien ha abogado por esperar y comprobar si las nuevas restricciones adoptadas en la mayoría de autonomías permiten mitigar los contagios.

Ha sido Castilla y León la primera comunidad que ha aprobado un acuerdo autonómico para adelantar desde hoy el toque de queda de las 10 de la noche -el máximo establecido en el decreto del estado de alarma- a las 8 de la tarde, lo que en opinión del Ministerio contraviene el decreto, mientras que otras autonomías han solicitado al Gobierno poder tomarla.

«Si hay que cambiar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo», ha señalado el ministro Illa al referirse a las medidas que afectan a limitaciones de derechos fundamentales.

Tras subrayar que está «en comunicación y diálogo permanente con las comunidades autónomas», el titular de Sanidad ha recalcado que «todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura global».

«Todo lo que concierne a la restricción de derechos fundamentales, como el de la movilidad, se tiene que hacer siempre con las máximas garantías jurídicas. Si hay que articular nuevas medidas, lo vamos a plantear en el Consejo Interterritorial, siempre que se garantice la garantía jurídica», ha resumido.

Obligar a que la gente no salga de casa es una medida que tiene cada vez más partidarios, pero que provoca resistencia en el Gobierno de Pedro Sánchez: «No contemplamos en estos momento ningún confinamiento domiciliario, lo quiero dejar claro; doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario», ha remarcado Illa.

Para el ministro, los instrumentos de los que se disponen actualmente, como el estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo, y las diferentes restricciones decretadas por las autonomías son suficientes para doblegar la tercera ola, sin acudir al confinamiento domiciliario.

También lo es la campaña de vacunación, que está funcionando con un «ritmo óptimo» y ha adquirido «velocidad de crucero», según Illa, que ha subrayado que casi el 70 % de las dosis entregadas a las comunidades ya se han administrado.

Después de que Pfizer anunciara ayer viernes el retaso en el suministro de vacunas, el ministro ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y ha asegurado que todas las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna y cuya segunda les corresponde la próxima semana «van a recibirla».

España, al igual que el resto de países europeos, recibirá el 56 % de las dosis de la vacuna de Pfizer previstas para la próxima semana: «205.725 dosis en lugar de las 360.000 comprometidas», ha detallado Illa, quien ha dicho que «no hay prevista ninguna alteración en el calendario de suministro de vacunas».

Tras indicar que han trasladado a las autoridades europeas su preocupación «para que se asegure un suministro regular», el ministro ha explicado que ya han comunicado a las comunidades autónomas las nuevas cantidades de la vacuna que van a ser entregadas para que el reparto siga siendo «equitativo».

En la práctica esto se traduciría en que las comunidades que más vacunas administraron en la primera semana de la campaña recibirán más dosis para garantizar que se completa el ciclo de vacunación, lo que para el lehendakari, Iñigo Urkullu, sería una decisión «injusta para Euskadi», según ha escrito en sus redes sociales.

El ministro ha incidido en que el objetivo es que de aquí al verano se consiga que el 70 % de los ciudadanos españoles hayan sido vacunados y que en los próximos meses «haya más vacunados que contagiados en nuestro país».

En los próximos días se dará a conocer «los grupos diana de población», que, una vez cubierta la primera etapa de vacunación en residencias y personal sanitario, serán los siguientes en recibir la vacuna.

Sobre los casos de la variante británica de la covid-19, el titular de Sanidad ha explicado que hasta ayer había confirmado 88 casos en España y esta mañana se ha confirmado alguno más, con lo que habrá, según sus palabras, poco más de un centenar de casos en España y varios centenares de casos sospechosos.

Hay otras variantes que también se están siguiendo, la sudafricana y otra detectada en Japón, de ciudadanos provenientes de Brasil, que se conoce como la variante sudamericana.

El ministro ha vuelto a pedir a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias «al pie de la letra», por «drásticas que parezcan» porque son las necesarias.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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