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El Gobierno prohíbe a los miembros de la Guardia Civil subir fotos a Tinder o Instagram con el uniforme

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prohíbe a los miembros de la Guardia Civil subir fotos a Tinder o Instagram con el uniforme

Los miembros de la Guardia Civil tienen prohibido desde el lunes subir fotos a las redes sociales luciendo el uniforme. Una medida que ha tomado el Ministerio del Interior (y que fue aprobada este lunes en el Consejo de Ministros) después de la polémica generada en torno a esta práctica, relativamente habitual entre algunos agentes.

Por tanto, no se podrá usar el traje de la Guardia Civil como reclamo para ligar en aplicaciones de contacto como Tinder; pero tampoco en otras de uso más generalizado, como Instagram. De lo contrario, los agentes se expondrán a una sanción.

«Los Guardias Civiles no podrán hacer uso del uniforme, con especial trascendencia hacia el empleo del mismo en redes sociales y medios de comunicación o actos publicitarios para los que no se cuente con autorización expresa», reza el Real Decreto. En juego está no sólo la imagen institucional de la Guardia Civil, sino también cuestiones básicas de seguridad.

De ahora en adelante, ningún Guardia Civil podrá subir fotos con el uniforme a las redes sociales, salvo los casos en los que haya una autorización expresa. Esta excepción sustentará la actividad en espacios corporativos, como las cuentas que la propia Guardia Civil tiene en Twitter, Instagram o TikTok, donde da difusión a sus actividades, operaciones, consejos de seguridad para la ciudadanía o explicaciones sobre cómo actúan sus unidades.

Según este mismo Real Decreto, los agentes del Instituto Armado sí podrán, en cambio, llevar tatuajes visibles mientras portan el uniforme.

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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