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El «hospital de la pandemia» de Madrid no tiene quien lo quiera

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(EFE/OfficialPress).- Sólo un total de 111 sanitarios fijos o interinos de hospitales de Madrid, el 0’7 % de los profesionales de la comunidad, han pedido traslado voluntario al nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal. El resto de la plantilla requerida para arrancar, 669 plazas, deberá ser completada por las autoridades madrileñas mediante traslados forzosos de Comunidad de Madrid de personal contratado de refuerzo por covid.

El proceso de adscripción voluntaria de 669 sanitarios se abrió el 12 de noviembre y se cerró el lunes pasado con 111 solicitudes que «cumplen los perfiles profesionales requeridos», indica este miércoles la Comunidad de Madrid en un comunicado. El resto de los profesionales tendrán que salir de la bolsa de contratos de refuerzo por el COVID, algo que rechazan los cinco sindicatos del sector sanitario madrileño.

El nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, que será abierto de manera progresiva a partir del 1 de diciembre, se destinará principalmente a disminuir la presión asistencial del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Para ello necesita 669 sanitarios: 251 enfermeras, 179 auxiliares, 103 médicos, 60 celadores y administrativos, fisioterapeutas o técnicos de rayos.

El hospital, que ha costado unos cien millones de euros, el doble de lo previsto, tiene 80.000 metros cuadrados de superficie construida, cinco pabellones de los cuales tres son de hospitalización, con una superficie de 10.500 metros cuadrados cada uno, y tiene capacidad para unos mil pacientes y 50 camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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