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El «hospital de la pandemia» de Madrid no tiene quien lo quiera

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(EFE/OfficialPress).- Sólo un total de 111 sanitarios fijos o interinos de hospitales de Madrid, el 0’7 % de los profesionales de la comunidad, han pedido traslado voluntario al nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal. El resto de la plantilla requerida para arrancar, 669 plazas, deberá ser completada por las autoridades madrileñas mediante traslados forzosos de Comunidad de Madrid de personal contratado de refuerzo por covid.

El proceso de adscripción voluntaria de 669 sanitarios se abrió el 12 de noviembre y se cerró el lunes pasado con 111 solicitudes que «cumplen los perfiles profesionales requeridos», indica este miércoles la Comunidad de Madrid en un comunicado. El resto de los profesionales tendrán que salir de la bolsa de contratos de refuerzo por el COVID, algo que rechazan los cinco sindicatos del sector sanitario madrileño.

El nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, que será abierto de manera progresiva a partir del 1 de diciembre, se destinará principalmente a disminuir la presión asistencial del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Para ello necesita 669 sanitarios: 251 enfermeras, 179 auxiliares, 103 médicos, 60 celadores y administrativos, fisioterapeutas o técnicos de rayos.

El hospital, que ha costado unos cien millones de euros, el doble de lo previsto, tiene 80.000 metros cuadrados de superficie construida, cinco pabellones de los cuales tres son de hospitalización, con una superficie de 10.500 metros cuadrados cada uno, y tiene capacidad para unos mil pacientes y 50 camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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