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Valencia

El Mercado Central pide un helipuerto que garantice el suministro de frescos

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València, 3 nov (EFE).- La Asociación de Vendedores del Mercado Central de València ha presentado una instancia al Ayuntamiento en la que solicita la instalación de un helipuerto en el entorno del recinto con el fin de garantizar el suministro de productos frescos, como alternativa a la propuesta municipal de cambiar el sentido del tráfico en la calle Calabazas.

Los vendedores se concentrarán este miércoles, a las 12.30 horas, en la puerta de la Pescadería, en la Plaza Ciudad de Brujas, para visibilizar esta reclamación al considerar «inviables e ineficaces» las alternativas ofrecidas por el consistorio, informa la asociación en un comunicado.

Los vendedores manifestaron en un escrito, presentado el pasado 19 de octubre, su oposición a la propuesta municipal de cambiar el sentido del tráfico en la calle Calabazas por considerar que esta medida imposibilitaba la logística de carga y descarga necesaria para mantener la actividad del mercado.

Del mismo modo, reclamó al consistorio que cumpliera su compromiso verbal de no poner en funcionamiento las cámaras de control de tráfico en la zona hasta que finalizaran las obras de reurbanización del entorno.

La presidenta de la asociación, Merche Puchades, considera esta medida una «aberración» que denota una «falta absoluta de empatía» ante el impacto que genera en la actividad diaria de este mercado, ya que obliga a todos los vehículos que descargan en la única zona que actualmente tienen para descargar (calles Calabazas y Palafox) a girar por la calle Linterna y cruzar Músico Peydró, que es una calle peatonal, o dar la vuelta por toda la ciudad».

Puchades lamenta además que «olvida que el Mercado Central tiene una actividad comercial de casi 300 puestos, donde, además de los mismos vendedores, vienen cerca de 500 proveedores diferentes a lo largo de la semana para reparto de mercancías» y reitera su malestar porque el Ayuntamiento haya sido «incapaz de retrasar unos meses estas medidas de control de tráfico, en respeto a una actividad comercial de la que dependen muchas familias».

La Asociación de Vendedores del Mercado Central decidió presentar formalmente una solicitud al Ayuntamiento, mediante instancia por Registro de entrada, el pasado 19 de octubre, tras tener conocimiento de que la Concejalía de Movilidad se disponía a poner en funcionamiento la cámara ubicada en la calle de María Cristina.

El consistorio informó asimismo de que todas las cámaras del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord entrarían en funcionamiento de manera informativa hasta el 1 de diciembre, fecha en la que se empezarán a imponer sanciones económicas.

La asociación solicita que no se pongan en funcionamiento las cámaras de las calles María Cristina y Vieja de la Paja hasta el fin de las obras o, al menos, hasta que se pueda circular por la Plaza Ciudad de Brujas, para que los vehículos autorizados puedan seguir en línea recta hacia la calle Carda y los no autorizados puedan girar por la rotonda que va a permitir el cambio de sentido en la plaza Ciudad de Brujas hacia la Plaza de San Agustín.

Piden asimismo no cambiar el sentido de la calle Calabazas hasta que no esté abierto el acceso por la Plaza Ciudad de Brujas, ya que es la única forma de acceder a los solares cuando los vendedores sacan su vehículo del sótano del Mercado Central (habilitado para carga y descarga solo hasta las 11:00 horas).

Reclaman por último «comprensión y empatía, no solo con los cerca de 80 vendedores que se autoabastecen, cargando y descargando personalmente, sino también con los 500 proveedores que suministran género a la totalidad de puestos de venta del Mercado Central».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La titular del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia, que dejó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios para extender la investigación al exjefe del Consell por su actuación el día de las riadas, al entender que la cadena de decisiones y omisiones en la gestión de la emergencia debe analizarse de forma conjunta por su “evidente conexidad”.

Competencia del TSJCV y aforamiento de Mazón

La causa debe remitirse al TSJCV porque Mazón, aunque ya no es president de la Generalitat, mantiene su condición de diputado en Les Corts Valencianes, lo que implica su aforamiento. En el procedimiento ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

Según el auto, de 109 páginas, la instructora entiende que la investigación “debe extenderse de manera inevitable” a Mazón por su presunta responsabilidad en la coordinación de la emergencia.

Cinco horas en un restaurante y “pasividad” ante la emergencia

La jueza sitúa uno de los ejes de la posible negligencia en la permanencia del entonces president durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante, donde comió con la periodista Maribel Vilaplana. Para la magistrada, la emergencia “se detuvo de facto” desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat en ese periodo.

El auto sostiene que esa “permanencia absolutamente pasiva” podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado de 230 fallecidos y numerosos heridos. La instructora detalla además las circunstancias de cada víctima y remarca que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat al haberse declarado el nivel dos.

Cadena de negligencias en la gestión de la dana

La resolución describe una “cadena de negligencias sucesiva” en la que habrían intervenido distintos responsables políticos y técnicos. Entre los elementos señalados por la magistrada figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • La existencia de avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

La jueza rechaza además la existencia de un “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y recuerda que la Audiencia Provincial ya se pronunció sobre la competencia autonómica en la gestión de la emergencia, conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

Responsabilidad jerárquica del president

El auto subraya que la estructura jerárquica de la Generalitat implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores. En ese sentido, la magistrada sostiene que la responsabilidad del jefe del Consell se sitúa en un “plano de mayor gravedad” por sus funciones y por el conocimiento del riesgo mortal existente.

También señala que a Mazón se le ofreció hasta en tres ocasiones la posibilidad de declarar en las diligencias.

Análisis penal, no político

La instructora insiste en que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado. A su juicio, la “prolongada ajenidad” del entonces president en los momentos de mayor mortandad debe examinarse desde el marco jurídico de la jurisdicción penal y de sus competencias en la coordinación de la emergencia.

Entre los puntos destacados figuran la supuesta minimización pública de la gravedad de la situación, la falta de decisiones relevantes durante horas clave y los indicios de participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert a la población.

El TSJCV deberá ahora decidir si asume la investigación sobre el expresident en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana que asoló la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024.

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