Valencia
El Mercado Central pide un helipuerto que garantice el suministro de frescos
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 4 añosen
València, 3 nov (EFE).- La Asociación de Vendedores del Mercado Central de València ha presentado una instancia al Ayuntamiento en la que solicita la instalación de un helipuerto en el entorno del recinto con el fin de garantizar el suministro de productos frescos, como alternativa a la propuesta municipal de cambiar el sentido del tráfico en la calle Calabazas.
Los vendedores se concentrarán este miércoles, a las 12.30 horas, en la puerta de la Pescadería, en la Plaza Ciudad de Brujas, para visibilizar esta reclamación al considerar «inviables e ineficaces» las alternativas ofrecidas por el consistorio, informa la asociación en un comunicado.
Los vendedores manifestaron en un escrito, presentado el pasado 19 de octubre, su oposición a la propuesta municipal de cambiar el sentido del tráfico en la calle Calabazas por considerar que esta medida imposibilitaba la logística de carga y descarga necesaria para mantener la actividad del mercado.
Del mismo modo, reclamó al consistorio que cumpliera su compromiso verbal de no poner en funcionamiento las cámaras de control de tráfico en la zona hasta que finalizaran las obras de reurbanización del entorno.
La presidenta de la asociación, Merche Puchades, considera esta medida una «aberración» que denota una «falta absoluta de empatía» ante el impacto que genera en la actividad diaria de este mercado, ya que obliga a todos los vehículos que descargan en la única zona que actualmente tienen para descargar (calles Calabazas y Palafox) a girar por la calle Linterna y cruzar Músico Peydró, que es una calle peatonal, o dar la vuelta por toda la ciudad».
Puchades lamenta además que «olvida que el Mercado Central tiene una actividad comercial de casi 300 puestos, donde, además de los mismos vendedores, vienen cerca de 500 proveedores diferentes a lo largo de la semana para reparto de mercancías» y reitera su malestar porque el Ayuntamiento haya sido «incapaz de retrasar unos meses estas medidas de control de tráfico, en respeto a una actividad comercial de la que dependen muchas familias».
La Asociación de Vendedores del Mercado Central decidió presentar formalmente una solicitud al Ayuntamiento, mediante instancia por Registro de entrada, el pasado 19 de octubre, tras tener conocimiento de que la Concejalía de Movilidad se disponía a poner en funcionamiento la cámara ubicada en la calle de María Cristina.
El consistorio informó asimismo de que todas las cámaras del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord entrarían en funcionamiento de manera informativa hasta el 1 de diciembre, fecha en la que se empezarán a imponer sanciones económicas.
La asociación solicita que no se pongan en funcionamiento las cámaras de las calles María Cristina y Vieja de la Paja hasta el fin de las obras o, al menos, hasta que se pueda circular por la Plaza Ciudad de Brujas, para que los vehículos autorizados puedan seguir en línea recta hacia la calle Carda y los no autorizados puedan girar por la rotonda que va a permitir el cambio de sentido en la plaza Ciudad de Brujas hacia la Plaza de San Agustín.
Piden asimismo no cambiar el sentido de la calle Calabazas hasta que no esté abierto el acceso por la Plaza Ciudad de Brujas, ya que es la única forma de acceder a los solares cuando los vendedores sacan su vehículo del sótano del Mercado Central (habilitado para carga y descarga solo hasta las 11:00 horas).
Reclaman por último «comprensión y empatía, no solo con los cerca de 80 vendedores que se autoabastecen, cargando y descargando personalmente, sino también con los 500 proveedores que suministran género a la totalidad de puestos de venta del Mercado Central».
Publicado
hace 9 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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