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El pago con tarjeta y móvil a bordo del autobús llega a EMT València

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Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València estrenarán a mediados del próximo mes de abril un proyecto piloto de pago con tarjeta de crédito en las líneas más turísticas, la 25 y la 95, para estudiar su implantación en toda la flota. Los viajeros podrán comprar el billete sencillo con la tarjeta o el móvil y tendrán un descuento del 15% respecto al euro y medio que cuestan.

Con este experimento, en colaboración con Caixa Popular y la empresa informática NetPLC, la compañía quiere seguir el ejemplo de otras ciudades europeas o el caso reciente de Madrid y agilizar la operatividad del pago de billetes.

«En València también queremos ser punteros», ha manifestado este viernes el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, en la presentación de la iniciativa a bordo de uno de los buses con el nuevo sistema de pago ya instalado.

Inicialmente, el pago con tarjeta se implantará en las líneas 25 (El Palmar – El Perellonet) y 95 (Parque de Cabecera – Ciudad de las Artes y las Ciencias) al tratarse de las más utilizadas por los turistas de València, aunque la intención es ampliarlo en un futuro a los 500 autobuses de la red de la EMT.

También se estudiará el pago con tarjeta de otro tipo de títulos además del billete sencillo. «Queremos ir más allá», ha asegurado el gerente, Josep Enric García Alemany, para poner en valor la «currada máxima» de la empresa pública y la «ilusión» con la que afrontan una proyecto que «arranca de forma muy potente y marcará un antes y un después a medio plazo».

En concreto, los buses de la 95 transportan hasta tres millones de viajeros al año, de los que alrededor de una quinta parte hacen uso del billete sencillo, mientras que los de la 25 llevan 870.000 y un tercio compran el título simple.

A mitad de abril, todos los autobuses de estas dos líneas tendrán instalado el nuevo sistema de pago. El proyecto piloto se mantendrá durante unos meses con el 15% de rebaja y después se valorará la continuidad del descuento tras hacer un balance del funcionamiento. El cargo del importe se efectuará de forma automáticamente como en cualquier comercio.

De cara a la implantación en toda la flota, Grezzi ha explicado que el pago con tarjeta en autobús conlleva un coste operativo al requerir el cambio de todas las máquinas. Por ello, primero se estudiará su funcionamiento en estos trayectos después llegar al conjunto de la red. «Hay muchas personas en paradas que quieren subir y no tienen billete; antes tenían que comprarlo y muchas veces son turistas y no tienen el abono», ha precisado.

«NO PODÍAMOS QUEDARNOS ATRÁS»

En definitiva, la meta es posicionar a València en la línea del transporte público de grandes ciudades europeas como Londres, donde este servicio ya está implementado. De hecho, el pago con tarjeta en la capital británica «ya supera a la famosa Oyster Card, porque es lo más fácil». «No podíamos quedarnos detrás», ha manifestado el gerente.

Grezzi, en la misma línea, ha hecho hincapié en que se trata de una prueba piloto «pionera en España», pues la de Madrid se puso en marcha hace unas semanas y la EMT llevaba «meses estudiándolo». «No paramos de hacer innovaciones: en cuatro años hemos demostrado que esta es una empresa muy moderna y que todos los sistemas que sean buenos los ponemos en marcha».

Por parte de la entidad patrocinadora, el representante de Caixa Popular ha puesto en valor la implantación en el transporte público de algo que ya es habitual en los comercios: «Si puedo ir a un horno y pagar con tarjeta, ¿por qué no en el autobús?».

Fuente: Europa Press

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Transferencias a familiares: el límite de Hacienda para evitar sanciones

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Estas son las medidas que plantea la banca plantea para mejorar la atención a los mayores
Una persona muestra las diferentes tarjetas bancarias ante un cajero. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Realizar transferencias bancarias a familiares puede acarrear multas si se supera el límite que ha marcado Hacienda y no se cumplen las obligaciones fiscales. Las entidades financieras, bajo regulación legal, están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre transacciones específicas de sus clientes para prevenir fraudes y blanqueo de capitales.

Control de Hacienda en transferencias: objetivo y método

Los bancos, en cumplimiento de esta normativa, informan a Hacienda sobre movimientos bancarios, saldos de cuentas, inversiones y otros datos financieros. Esta información permite a la Agencia Tributaria monitorear los ingresos y movimientos de dinero, utilizando estos datos para preparar el borrador de la declaración de la Renta de los contribuyentes y asegurar la transparencia financiera.

Obligación fiscal en transferencias a familiares

Es importante tener en cuenta que la ley no exime a nadie de su responsabilidad fiscal. Según el Código Civil (artículo 6.1), «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Esto significa que es fundamental conocer la normativa vigente para evitar problemas con Hacienda, especialmente al transferir dinero a familiares, que se considera sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de la región donde se realice la transacción.

Límite de transferencias sin sanción

La Ley 7/2012 establece un límite de 10.000 euros para transferencias de dinero que no requieren declaración. Este tope también se aplica a otras operaciones, como la retirada de efectivo en cajeros y el uso de banca online o móvil. Por su parte, la Ley 10/2010, que regula la prevención de blanqueo de capitales, permite a algunos bancos limitar las transferencias digitales a un máximo de 6.000 euros para mayor seguridad.

Consecuencias de superar el límite establecido

Si se recibe una transferencia que supera el límite permitido, Hacienda procederá a revisarla. El beneficiario estará obligado a incluir la cantidad en su declaración de la Renta. Las sanciones pueden oscilar entre el 2% y el 25% de la cantidad no declarada, con multas que pueden llegar a los 2.500 euros si la transferencia no notificada supera los 10.000 euros. Además, presentar declaraciones incompletas o con datos falsos puede implicar una multa adicional de 150 euros.

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