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El PP critica que las escuelas infantiles municipales sigan cerradas en septiembre

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VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Cristóbal Grau ha criticado este martes que las escuelas infantiles municipales sigan cerradas en el mes de septiembre, porque es precisamente ahora «cuando las familias con hijos pequeños más necesitan de este recurso a fin de poder reincorporarse a sus puestos de trabajo con total normalidad».

«Tras el recorrido que hemos realizado en la mañana de hoy, hemos podido comprobar cómo las escuelas infantiles municipales de Sant Pau, Quatre Carreres, General Urrutia, Algirós y Pardalets están totalmente cerradas y sin actividad», ha informado Grau en un comunicado.

Una situación que, según ha añadido, «a buen seguro se repite en el resto de centros municipales, en los que las familias afectadas no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos desde el primer día laborable de septiembre».

«Una cosa es que en los colegios e institutos el curso se inicie oficialmente a partir del próximo día 10 de septiembre y otra muy distinta es que las familias con hijos menores de 3 años, que precisan de un especial cuidado y atención, necesiten tener la escuela infantil abierta desde el 1 de septiembre para poder conciliar su vida familiar y laboral», ha señalado.

El edil ‘popular’ ha recordado que «las escuelas infantiles municipales deben dar servicio prioritariamente a quienes menos recursos económicos tienen o se encuentran en situación de especial necesidad; lo grave, por lo tanto, es que son estas familias las primeras perjudicadas por el cierre, mientras la inmensa mayoría de centros privados de la ciudad están ya, desde ayer, en funcionamiento».

Una situación que el Gobierno municipal, a juicio de Cristóbal Grau, «no puede intentar justificar en los trámites administrativos que todavía están pendientes de ultimar para resolver la adjudicación de las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta, aunque también aquí se pone de manifiesto la negligencia en la gestión».

«Desde el grupo popular vamos a presentar una moción para de que todas las escuelas infantiles municipales abran sus puertas desde el primer día laborable del mes de septiembre, en beneficio de todas aquellas familias que lo precisen, con independencia de la fecha oficial de inicio del curso escolar», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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