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El PP critica que las escuelas infantiles municipales sigan cerradas en septiembre

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VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Cristóbal Grau ha criticado este martes que las escuelas infantiles municipales sigan cerradas en el mes de septiembre, porque es precisamente ahora «cuando las familias con hijos pequeños más necesitan de este recurso a fin de poder reincorporarse a sus puestos de trabajo con total normalidad».

«Tras el recorrido que hemos realizado en la mañana de hoy, hemos podido comprobar cómo las escuelas infantiles municipales de Sant Pau, Quatre Carreres, General Urrutia, Algirós y Pardalets están totalmente cerradas y sin actividad», ha informado Grau en un comunicado.

Una situación que, según ha añadido, «a buen seguro se repite en el resto de centros municipales, en los que las familias afectadas no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos desde el primer día laborable de septiembre».

«Una cosa es que en los colegios e institutos el curso se inicie oficialmente a partir del próximo día 10 de septiembre y otra muy distinta es que las familias con hijos menores de 3 años, que precisan de un especial cuidado y atención, necesiten tener la escuela infantil abierta desde el 1 de septiembre para poder conciliar su vida familiar y laboral», ha señalado.

El edil ‘popular’ ha recordado que «las escuelas infantiles municipales deben dar servicio prioritariamente a quienes menos recursos económicos tienen o se encuentran en situación de especial necesidad; lo grave, por lo tanto, es que son estas familias las primeras perjudicadas por el cierre, mientras la inmensa mayoría de centros privados de la ciudad están ya, desde ayer, en funcionamiento».

Una situación que el Gobierno municipal, a juicio de Cristóbal Grau, «no puede intentar justificar en los trámites administrativos que todavía están pendientes de ultimar para resolver la adjudicación de las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta, aunque también aquí se pone de manifiesto la negligencia en la gestión».

«Desde el grupo popular vamos a presentar una moción para de que todas las escuelas infantiles municipales abran sus puertas desde el primer día laborable del mes de septiembre, en beneficio de todas aquellas familias que lo precisen, con independencia de la fecha oficial de inicio del curso escolar», ha concluido.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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