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El PP denuncia más de 100 contratos a dedo de Galiana en Fiestas por 430.000€

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València, 13 ene (EFE).- El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València ha denunciado que la Concejalía de Cultura Festiva ha adjudicado «a dedo» más de un centenar de contratos desde que Carlos Galiana la dirige por un importe superior a los 430.000 euros.

Además ha criticado que el gobierno local «abusa» de los contratos menores para pagar actos que se repiten todos los años y que podrían contratarse con antelación mediante procedimientos administrativos abiertos en los que se garantizara la pública concurrencia, ha indicado en un comunicado.

Igualmente, han hecho hincapié en que en cinco años de gobierno de Compromís y el PSPV el Ayuntamiento ha adjudicado a dedo más de 15.193 contratos con un gasto de más de 87 millones de euros.

El PP también ha denunciado que Cultura Festiva ha facturado más de 64.000 euros en tres años a la empresa de un militante de Compromís, a quien se le adjudico el contratos de los autobuses (17.818 euros) de la Cabalgata de Reyes.

El concejal Santiago Ballester ha pedido al alcalde, Joan Ribó, que aplique «un giro radical» al modelo de gestión del área de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València.

«Ribó sigue mirando a otro lado con la situación de caos en la Concejalía de Cultura Festiva, que se va a agravando día tras día, en una gestión que debería estar tramitada con la suficiente antelación y ajustada a derecho en actos propios del Ayuntamiento con décadas de tradición como la cabalgata de Reyes», ha apuntado.

A finales de febrero de 2020 Galiana asumió las competencias de Cultura Festiva en sustitución de Pere Fuset y, desde ese momento hasta la primera semana de enero de 2021, ha suscrito 105 contratos menores, sin pública concurrencia de empresas, por valor de 432.900 euros.

«Solo en tres trimestres, desde que se produjo la sustitución, ha realizado más de un centenar de contratos menores en el servicio de Cultura Festiva, pese a no celebrarse las Fallas», ha apuntado.

Ha criticado el «excesivo uso» de los contratos menores en el gobierno de Ribó y ha destacado que «justo por este motivo no debió eliminarse en 2016 ningún control previo de fiscalización en los mismos».

El PP ha recordado que los Informes realizados por la Intervención General del Ayuntamiento sobre el control del sector público «recomienda que en las adquisiciones de bienes y servicios superiores a 6.000 euros se soliciten al menos tres ofertas», ya que «en atención al principio de buena gestión, la solicitud de varias ofertas supone justificar de forma razonable la obtención de la oferta económicamente más ventajosa para la administración pública».

Asimismo, los populares han pedido explicaciones sobre la contratación de los autobuses de la Cabalgata de Reyes con una empresa de un miembro de Compromís, que en tres años ha facturado más de 64.000 euros con el Ayuntamiento de València en contratos a dedo y sin concurso.

«Ribó deberá explicar por qué se contrató a esta empresa de Castellón de un miembro de Compromís sin concurso público ni libre concurrencia», ha concluido.

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Rus informó a Benavent de que se le investigaba y le pidió que se fuera

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Rus informó a Benavent de que se le investigaba y le pidió que se fuera
Archivo/ EFE / KAI FORSTERLING.
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para el juicio de Imelsa, en una imagen reciente. EFE/Ana Escobar

València, 3 feb (OFFICIAL PRESS/EFE).- Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha testificado este viernes en el juicio de la segunda pieza del caso Imelsa ha asegurado que el exgerente de esta empresa pública y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, les dijo que «Alfonso Rus y otras personas» le advirtieron a finales de 2014 de que se le investigaba y que debía «dejarlo todo solucionado» e irse del país.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha celebrado este viernes la séptima sesión del juicio por la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica).

Este agente ha explicado que inició la investigación tras recibir, por parte de la Fiscalía, unos audios que fueron entregados al Ministerio Público por la entonces diputada de EU y actualmente consellera Rosa Pérez Garijo.

«Benavent explica en una de sus declaraciones, en 2015, que una de las cosas que hizo como gerente de Imelsa fue contratar a personal que realmente no desempeñaba ninguna función en la empresa. Por eso pedimos datos a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria… Muchos de estos contratados eran asesores, y determinamos quiénes eran y cuál había sido su trabajo real», ha declarado este testigo.

Los contratos, según ha dicho este agente de la UCO que les contó Benavent, eran decididos por él mismo o «a petición de empresarios, como José Adolfo Vedri, o pedidos como favores por Alfonso Rus o Emilio Llopis».

Las defensas de los procesados en la segunda de las piezas del caso Imelsa que ha llegado a la fase de juicio han tratado -al igual que sucedió en la primera de las causas- de dudar de la integridad de los soportes en los que se contenían los audios que dieron inicio al caso, así como de su custodia y volcado.

Los agentes de la Guardia Civil han explicado que trabajaron con una copia de los audios contenidos en la memoria portátil o «pendrive» de la marca Kingston entregado por Pérez Garijo al fiscal.

Sin embargo, en la causa consta un segundo «pendrive» (de la marca Intenso) entregado por el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, con los mismos audios -según sostiene el fiscal- extraídos de un ordenador que Benavent dejaba en su casa.

Un informe pericial encargado por la defensa de Alfonso Rus e incorporado a esta causa (no a la primera porque Rus no estaba procesado en ella) concluye que el contenido de ambos «pendrives» no es idéntico, pues tienen una diferente estructura de carpetas y hay ficheros que están en el primero pero no en el segundo.

Ademas, esta pericial concluye también que el ordenador del que supuestamente se extrajeron dichos audios no ha contenido jamás archivos similares a los hallados en los «pendrives».

Los agentes de la Guardia Civil han afirmado que comprobaron que los audios analizados eran iguales en ambos dispositivos.

En el primero de los juicios de este macrocausa el tribunal avaló como prueba las grabaciones que efectuó Benavent durante años y que dieron inicio a esta causa, e inadmitió todas las dudas que sembraron las defensas sobre la custodia, volcado y posible manipulación de las mismas.

«Se concluye que las transcripciones de las grabaciones realizadas por Benavent de conversaciones particulares en las que intervenía se corresponden con el material efectivamente entregado, tanto en el pendrive Kingston como en el pendrive Intenso», señaló el tribunal en su sentencia.

«Una vez efectuada la grabación en el servidor de los equipos de la UCO, se trabajó en todo momento con copias. Los pendrives están incorporados a las actuaciones, tanto el aportado por doña Rosa (Pérez Garijo), como el aportado por don Mariano (López, exsuegro de Benavent), habiéndose comprobado que los audios de las presentes actuaciones son coincidentes», añadieron los magistrados.

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