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Valencia

El PP lleva al pleno una moción para instar a paralizar el cierre del centro histórico con cámaras y multas

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El Grupo Municipal Popular presentará el jueves una moción al pleno de octubre para pedir que se paralice el cierre del centro histórico con cámaras y multas. Las cámaras de vigilancia del tráfico se activaron este mes, pero a partir de diciembre se multará a quien entre en la zona sin ser autorizado.

Catalá ha asegurado que no debe llevarse adelante la medida “sin dialogar antes con vecinos, hosteleros y comerciantes del centro quienes han solicitado la mesa de movilidad. Debe tomarse la medida desde el consenso, antes de prohibir hay que dar alternativas a los ciudadanos”.

Ni vecinos ni comerciantes ni servicios de reparto están aún preparados para el cierre que será efectivo a partir de diciembre. “No es momento, con un centro cortado por obras y peatonalizaciones, de poner más barreras a los ciudadanos que quieren seguir realizando actividades en el centro de la ciudad. Han sido duros los últimos años, por la mala gestión de la pandemia, y el daño que está provocando ya el cierre del centro”, explicó Catalá.   

 

El PP presenta la moción para que se paralice la puesta en servicio “pues no es el momento de poner más palos en la rueda a comerciantes y hosteleros del centro”, afirma Catalá quien ha advertido que la puesta en marcha del control de acceso a Ciutat Vella con cámaras y multas va a ser la puntilla para el comercio y la hostelería del centro de la ciudad  asfixiado, que lleva desde que se inició la pandemia sufriendo una grave crisis con cierre de muchos negocios y con pérdidas que se tardará en recuperar.

Los populares han pedido que se retrase la puesta en marcha del cierre del centro con cámaras hasta que se llegue a un acuerdo con vecinos y comerciantes. Debería esperarse a que normalice la situación, se terminen las obras y se abran los dos aparcamientos que hoy están cerrados, Parcent y la Reina que ha dejado a esta zona sin cerca de 600 plazas menos de aparcamiento.

Catalá reclama más información sobre la medida y por ello es necesaria  “una campaña de publicidad para que los vecinos sepan exactamente de cómo se puede realizar la tramitación y por último revisar de manera integral la movilidad de los barrios de Ciutat Vella para hacer atractivo la residencia y actividad comercial en sus barrios; especialmente en las líneas de la EMT y en las direcciones de sus calles para evitar bucles de circulación”.

 

Pérdida de plazas de aparcamiento

 La falta de aparcamiento en el centro de la ciudad es ya una realidad desde que llegó al Gobierno Ribó y el PSOE, solo los tres distritos de Ciutat Vella, L’Example y Extramurs del centro han perdido en este tiempo 4.259 plazas para estacionar en sus calles. La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha señalado que “esto daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad, ya que se une al cierre y la eliminación de trayectos de las líneas de la EMT que ya no llegan hasta el centro”.

El distrito donde las pérdidas de zonas de aparcamiento se ha agravado es Ciutat Vella que ha pasado de disponer 822 en 2015 a las 232 plazas en 2019, una reducción de casi 600 plazas lo que significa un descenso del 72%, lo que hace casi imposible aparcar en esta zona para ir de compras o consumir en su oferta hostelera.

El cierre del aparcamiento de Parcent (250 plazas) y  el cierre del parking de la plaza de la Reina (348 plazas) para su reforma, lo que dejará al centro de la ciudad con cerca 600 plazas menos de aparcamientos públicos en el centro histórico.

El siguiente distrito  donde se ha mermado un importante número de plazas es l’Exiample que disponía de 5.748 en 2015 y ahora dispone de 3.676, ha perdido 2.072 plazas, un merma de 36%.  Y le sigue Extramurs que ha pasado de las 6.376 plazas que tenía hace cinco años a las 4.779 al cierre del año 2019, una reducción de 1.597 plazas lo que representa un descenso del 25%, se ha perdido una de cada cuatro.

Y también El Pla del Real ha perdido 1.528 aparcamientos en sus calles, pasando de las 6.201 del año 2015 a las 4.673, un descenso del 25%. Y otros distritos como Camins al Grau se ha reducido un 26% el número de aparcamientos lo que significa 930 plazas menos,  Patraix ha perdido 446 plazas o Jesús con 352 aparcamientos menos, Campanar ha visto reducida la posibilidad de aparcar en sus calles en 491 plazas menos.

Además, el centro de Valencia ya ha perdido 250 plazas por el cierre del parking público de la plaza de Parcent, tras el Mercado Central. Una nueva piedra en el camino que no falicita las compras y el consumo en el corazón de la ciudad.  “A las dificultades para accederse ha unido una pérdida de plazas de aparcamiento tanto en superficie como en aparcamientos públicos, y esto no ayuda ni a nuestros comerciantes ni a nuestros hosteleros inmersos en una crisis provocada por el COVID 19 y agravada por la mala planificación del Gobierno de Ribó y PSOE que ha comenzado las obras al mismo tiempo en el centro y con importantes retrasos”.

 

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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