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Valencia

El PP reclama prorrogar la ampliación de las terrazas de la hostelería como mínimo hasta finales de año 

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Salir de bares plan preferido valencianos

El Grupo Municipal Popular ha presentado a la comisión de Urbanismo una moción solicitando prorrogar hasta finales de año el desmontaje de la ampliación de terrazas de la hostelería como han hecho la mayoría de ciudades de España. La concejala Paula LLobet (PP) ha recordado que “la medida transitoria es asumible, ya que la mayoría han estado más de un año cerrados por la pandemia y muchos siguen sin recuperarse, por lo que debe tenerse una atención especial y escuchar a un sector que genera importante número de puestos de trabajo”. 

 

La propuesta de los Populares es “instar a la Junta de Gobierno Local a dejar sin efecto el Acuerdo adoptado en fecha 8 de octubre de 2021, y por el cual se dejaba  sin efecto la ampliación temporal y de carácter excepcional del 50% de la superficie de las terrazas de hostelería y restauración, adoptada en mayo de 2020”.

 

Y como segundo punto “instar al Ayuntamiento de Valencia a mantener la vigencia del Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno local celebrada en fecha 22 de mayo de 2020 hasta, como mínimo, el 31 de diciembre de 2021, en virtud del cual se autorizaba, de forma temporal y cumpliendo con requisitos y condiciones determinadas, la ampliación del 50% de las terrazas de hostelería”.

 

LLobet recuerda que “la hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes”.

 

Esta medida ha estado vigente en la ciudad de Valencia durante 16 meses, ya que recientemente, la  Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 8 de octubre de 2021 acordaba “dejar sin efecto la ampliación temporal y de carácter excepcional del 50% de la superficie de las terrazas de hostelería y restauración”, adoptada en mayo de 2020.

 

Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que, “tanto el nivel de pérdidas acumuladas por el sector como la existencia, todavía, de ciertas restricciones en el desarrollo de esta actividad, clave en la economía valenciana, aconsejan mantener la medida aprobada en la Junta de Gobierno Local celebrada el 22 de mayo de 2021, como mínimo hasta finales del presente año, estableciendo unos plazos de desescalada consensuados con el sector y con los vecinos”.

 

El objetivo de la presente moción es apoyar y contribuir, desde el gobierno municipal, a armonizar salud y economía, en la ciudad de Valencia. No hay que olvidar que  el virus continúa activo en la Comunitat Valenciana.  Recientemente, el número de casos ha aumentado en un 70% y las autoridades piden mantener la prudencia.

ENCUESTA| ¿Mantendrías la ampliación de las terrazas de la hostelería valenciana hasta fin de año?

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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