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Valencia

El PP reclama prorrogar la ampliación de las terrazas de la hostelería como mínimo hasta finales de año 

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Salir de bares plan preferido valencianos

El Grupo Municipal Popular ha presentado a la comisión de Urbanismo una moción solicitando prorrogar hasta finales de año el desmontaje de la ampliación de terrazas de la hostelería como han hecho la mayoría de ciudades de España. La concejala Paula LLobet (PP) ha recordado que “la medida transitoria es asumible, ya que la mayoría han estado más de un año cerrados por la pandemia y muchos siguen sin recuperarse, por lo que debe tenerse una atención especial y escuchar a un sector que genera importante número de puestos de trabajo”. 

 

La propuesta de los Populares es “instar a la Junta de Gobierno Local a dejar sin efecto el Acuerdo adoptado en fecha 8 de octubre de 2021, y por el cual se dejaba  sin efecto la ampliación temporal y de carácter excepcional del 50% de la superficie de las terrazas de hostelería y restauración, adoptada en mayo de 2020”.

 

Y como segundo punto “instar al Ayuntamiento de Valencia a mantener la vigencia del Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno local celebrada en fecha 22 de mayo de 2020 hasta, como mínimo, el 31 de diciembre de 2021, en virtud del cual se autorizaba, de forma temporal y cumpliendo con requisitos y condiciones determinadas, la ampliación del 50% de las terrazas de hostelería”.

 

LLobet recuerda que “la hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes”.

 

Esta medida ha estado vigente en la ciudad de Valencia durante 16 meses, ya que recientemente, la  Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 8 de octubre de 2021 acordaba “dejar sin efecto la ampliación temporal y de carácter excepcional del 50% de la superficie de las terrazas de hostelería y restauración”, adoptada en mayo de 2020.

 

Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que, “tanto el nivel de pérdidas acumuladas por el sector como la existencia, todavía, de ciertas restricciones en el desarrollo de esta actividad, clave en la economía valenciana, aconsejan mantener la medida aprobada en la Junta de Gobierno Local celebrada el 22 de mayo de 2021, como mínimo hasta finales del presente año, estableciendo unos plazos de desescalada consensuados con el sector y con los vecinos”.

 

El objetivo de la presente moción es apoyar y contribuir, desde el gobierno municipal, a armonizar salud y economía, en la ciudad de Valencia. No hay que olvidar que  el virus continúa activo en la Comunitat Valenciana.  Recientemente, el número de casos ha aumentado en un 70% y las autoridades piden mantener la prudencia.

ENCUESTA| ¿Mantendrías la ampliación de las terrazas de la hostelería valenciana hasta fin de año?

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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