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El PSPV, en «shock» tras la detención de Rodríguez, esperará a conocer más datos para actuar «con justicia»

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Jun. (EUROPA PRESS) – El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha asegurado este miércoles ante los medios que han conocido la detención del presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de la Ejecutiva del partido, Jorge Rodríguez, por la prensa con «preocupación» y están en «shock», aunque ha indicado que para tomar decisiones necesitan tener «los elementos de juicio suficientes para poder ser justos a la hora de tomar las medidas». «Necesitamos actuar y tenemos que actuar con justicia», ha dicho.

Así se ha pronunciado Muñoz en Les Corts tras conocerse la detención de Jorge Rodríguez, entre otras personas, por presuntas irregularidades en contrataciones en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.

Ha señalado que en el partido no tenían «ningún tipo de conocimiento de que estas detenciones se iban a producir» porque la investigación era secreta, aunque ha recordado que se conoció hace tiempo que la causa estaba abierta a través de los medios de comunicación.

El dirigente socialista ha instado a esperar a conocer más información sobre la operación y ha apuntado que serán «prudentes» y estarán a la espera de ver cómo se desarrolla la investigación judicial para ir tomando «las medidas que sean necesarias».

Ha recordado que el PSPV ha establecido «unos estándares de ejemplaridad elevadísimos» y siempre ha sido «muy contundente» en este tipo de causas, con medidas «ejemplarizantes» incluso en casos no relacionados directamente con la corrupción, como con el exalcalde de Alicante Grabriel Echávarri.

Pero en primer lugar, ha incidido, esperarán para ver las noticias que se producen y seguirán «los cauces reglamentarios del partido», que tiene un Código Ético a aplicar en estos casos que se cumplirá: «Adoptaremos las medidas necesarias y aplicaremos nuestro Código Ético a medida que vayamos conociendo más información y tengamos elementos de juicio suficientes para tomar decisiones que sean justas».

Preguntado sobre si debería traducirse en una dimisión, Muñoz ha indicado que por ahora lo único que saben es que se están investigando unos contratos de alta dirección y cuando tengan más datos los socialistas saldrán «a dar las explicaciones oportunas» y tomarán las decisiones que sean justas y adecuadas» a ese código.

TIEMPO PARA TOMAR DECISIONES
«No queremos tomar decisiones de las que luego, sabiendo más información, nos pudiéramos arrepentir. En este momento la información que tenemos es insuficiente para tomar las medidas que están recogidas en nuestra normativa», ha reiterado, pidiendo «un poco más de tiempo para saber cuál es la amplitud de la operación y las cuestiones de las que se está acusando».

Si se produce la investigación de Rodríguez, ha explicado que el Código Ético contempla la apertura de un expediente informativo para ver cuál es la causa que se sigue. A partir de ahí, hasta que no se sucedan otros trámites judiciales «no se podrán tomar las medidas» que establece a partir de ahí el documento.

En todo caso, ha agregado, «de la manera en que se actúe en la institución se actuará también en el partido».

DEBATE SOBRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Por otra parte, ha reconocido que una de las consecuencias de esta operación y de lo vivido anteriormente con Imelsa es «va a ser abrir ese debate» sobre las empresas públicas para «evitar que estas situaciones se vuelvan a producir a futuro».

A su juicio, las empresas públicas «pueden ayudar a gestionar las políticas de una manera más ágil pero evidentemente requieren unos controles para que no se produzcan casos en los que pueda verse salpicada la honorabilidad de las personas y de la institución».

«No hay que demonizarlas en ningún caso porque son instrumentos para poder ejecutar políticas públicas, pero es cierto que lo que hace falta son controles suficientes como para que estas cuestiones no ocurran», ha concluido.

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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