El SIDI rechaza, la intención de la Consejería de elaborar una Orden que permita los conciertos Educativos para las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional con empresas privadas y con ello traspasar fondos de la enseñanza pública a la privada-concertada en enseñanzas no obligatorias.

Actualmente la Enseñanza Pública tiene suficiente oferta para cubrir las necesidades del sistema educativo en estos niveles formativos, por lo que esos conciertos conllevarán un trasvase de alumnos de la Enseñanza Pública a la privada-concertada. Lo que supondrá un evidente empeoramiento de la calidad de la enseñanza Pública que contará con menos medios materiales y humanos. Incluso aumentando la oferta formativa a periodos de tarde se ahorraría dinero en medios materiales como maquinaria de talleres etc., al dárseles un mayor rendimiento.

Recordamos que la enseñanza PRIVADA-CONCERTADA no es más económica para la Administración que la enseñanza pública. Ya que a los docentes de la privada-concertada son pagados directamente por la administración y tienen un salario idéntico al de los funcionarios docentes. A lo que hay que sumar el abono del beneficio empresarial a los titulares de estos centros. Por lo que no hay ahorro alguno para las arcas públicas, más al contrario, un gasto superior y por ende un despilfarro.

Entonces, ¿qué justificación tiene esta actuación de la Administración? La única que se nos ocurre es que en la enseñanza pública los docentes acceden por un sistema de igualdad, méritos y capacidad y no tienen que ser ideológicamente cercanos a quienes les contratan. En la privada-concertada el sistema de elección es a dedo y por ello, se puede contratar a quien se quiera, por lo que es más fácil contratar al afín ideológicamente, al pariente, al amigo o a quién sugieran terceras personas que bien podrían ser quienes otorguen dicho Convenio. Además no sería despreciable considerar que incluso alguna donación se pueda conseguir en beneficio de partidos políticos al no estar estas prohibidas.

Además estos conciertos supondrán la pérdida de cientos de puestos de trabajo en el sector público.
Por último, al ampliarse la duración del concierto de 4 a 6 años se pretende garantizar que los mismos duren más de una legislatura por lo que en caso de cambio de Gobierno regional se tiene garantizado e impuesto estos Convenios al nuevo Gobierno regional.