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Empleados de Divalterra, «sorprendidos» con el cierre: «Matar al perro no acaba con la rabia de la presunta corrupción»

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VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) – Trabajadores de la empresa pública de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se han mostrado «sorprendidos» ante la decisión de la corporación provincial de llevar a cabo «un cierre ordenado» de la mercantil. «Matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción».

Así lo ha indicado la presidenta del Comité de Empresa de Divalterra, Ruth López, en declaraciones a Europa Press, después de que este lunes el equipo de gobierno de la Diputación haya acordado llevar a cabo un «cierre ordenado» de Divalterra, tras la operación Alquería que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la mercantil y en la que fue detenido y puesto en libertad el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.

Al respecto, López se ha preguntado «qué es un cierre ordenado» y ha reprobado que nadie del equipo de Gobierno se haya puesto en contacto con los trabajadores para comunicarles esta decisión que, según ha admitido, han recibido con «sorpresa» porque no se la esperaban.

A su juicio, es «vergonzoso» que sean los trabajadores y la propia empresa quienes «tengan que pagar» por las supuestas «irregularidades» que hayan podido cometer los políticos. «Nosotros no hemos cometido ningún delito. Los trabajadores no tenemos la culpa de la mala gestión porque hemos cumplido con nuestro trabajo», ha defendido.

De este modo, ha reprobado que «los fallos en la gestión y el control» en Divalterra «los acaben pagando al final los trabajadores». «Esperábamos que se asumieran responsabilidades», ha comentado.

López ha remarcado que ahora su prioridad es la «seguridad de los puestos de trabajo» ya que son más de 700 familias las que dependen de esta mercantil, por lo que éste será el objetivo que reivindicará en el próximo consejo de administración de Divalterra que está previsto que se celebre este jueves.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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